La Audiencia de Zaragoza absuelve a la viuda que vació la cuenta de su marido cuando estaba en la uci

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a la viuda –M. L. G. (España, 1966)– a la que sus tres hijastros acusaban de vaciar las cuentas del progenitor mientras este último permanecía intubado en la uci del Hospital Militar, donde el 12 de abril de 2020 murió por covid. El tribunal ha concluido que la acusada estaba «autorizada» desde noviembre de 2016 en la cuenta bancaria que era titularidad del finado y de la que extrajo 370.000 euros mediante cuatro cheques entre el 19 de marzo y el 6 de abril de 2020. A la cotitularidad bancaria se suma también un documento que la procesada y su esposo suscribieron para «reforzar» la «autorización» sobre la voluntad del fallecido para que ella dispusiera del citado importe.

Y es que, el 16 de marzo de 2020, M. L. G. y su marido quedaron con dos amigos en una cafetería de la avenida Madrid para que estos dos últimos dieran fe de la voluntad del varón. «Hice este documento para reforzar mi autorización, que ya estaba plasmada en el BBVA. Él lo firmó de su puño y letra», se defendió la acusada, cuyo testimonio vino avalado por una amiga al recordar cómo el luego fallecido dictó y firmó el documento referido. «Varias veces me dijo que, como éramos solteros: a cuidarnos, a disfrutar y, lo que sobre, para la que nos cuide», recalcó el segundo allegado que acudió a esa cita en alusión a la mala relación que su amigo mantenía con sus tres hijos. Al respecto, los denunciantes aclararon que su padre los maltrató «física y psicológicamente».

«No ha quedado probado que el traspaso de dinero lo realizara la acusada mediante alguna acción engañosa ni tampoco que lo efectuara sin consentimiento ni conocimiento de su marido», recoge el fallo del tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, al estimar los postulados defendidos por el abogado de M. L. G., el letrado Ángel Cordero. «No se ha acreditado que el mismo tuviera anuladas sus facultades volitivas e intelectivas cuando firmó el documento de autorización», prosigue.

Inicialmente, el ministerio fiscal y la acusación particular a cargo del abogado Fernando Rodríguez Burgués solicitaban una pena de tres años de cárcel por un delito de apropiación indebida. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza.