Un año ‘pleiteando’ desde Zaragoza por el honor de Barbate: "Quiero que se haga Justicia"

Más de 1.000 kilómetros separan Barbate del Bajo Aragón, alrededor de nueve horas de trayecto por carretera que conectan de norte a sur dos territorios en los que la Guardia Civil ha llorado algunos de los episodios más trágicos y vergonzantes de su historia reciente. Es la distancia que separa el triple asesinato de Igor El Ruso derivado de la preocupante falta de guardias civiles en el medio rural aragonés y el abandono a su suerte que, el 9 de febrero de 2024, sufrieron dos compañeros del sur de España al arrollarles y embestirles una narcolancha. Desde tierras aragonesas, precisamente, combate en Barbate un abogado zaragozano que ejerce la acusación particular en representación de Jucil y en nombre de dos agentes que hace ahora un año se convirtieron en víctimas del «nuevo terrorismo»: el narcotráfico. «Es un reto a nivel jurídico, pero sobre todo a nivel personal porque quiero que se haga Justicia y haya sentencias ejemplarizantes», asevera Marco Antonio Navarro en declaraciones a este diario.

Y es que el asunto, en términos profesionales, no es sencillo. Primero, por la personación de «muchas» acusaciones particulares y populares. Segundo, por la instrucción a cargo de «un juzgado pequeño». Y, tercero, por la división de la causa en tres procedimientos: contra los mandos, «archivada y pendiente de recurso», contra los narcos y contra los contrabandistas. «No está siendo nada fácil. Hay una parte importante de politización, sobre todo, en la causa dirigida contra los mandos. Respeto la decisión judicial, pero no comparto su archivo», dice Marco Antonio.

A lo largo de estos doce meses ha tenido que viajar hasta en tres ocasiones a Andalucía, dos de ellas a Barbate y una tercera a la Audiencia Provincial de Cádiz, y cree que la fase de instrucción «no se demorará mucho más». O lo que es lo mismo: comienza la cuenta atrás para enfundarse la toga en la sala de vistas y persuadir entonces al tribunal. Por el momento, sus esfuerzos se centran en el estudio de la causa mientras las familias de las víctimas, tanto las de los fallecidos como las de los heridos, claman Justicia. «Es gente de honor que transmite mucho dolor y se sienten desamparados por la Guardia Civil, ya que les mandaron a una muerte segura con unos medios absolutamente insuficientes», denuncia el abogado, como también lo hace el secretario general de la asociación a la que representa. "Las redes de delincuencia están cada vez más organizadas y preparadas frente a unos guardias civiles que carecen de los medios adecuados", afirma Ernesto Vilariño.

Una reivindicación

Pero, más allá de las características de esta causa, Marco Antonio lamenta la deriva de la sociedad al constatar que se ha perdido el miedo a la autoridad. Y habla con conocimiento de causa porque está acostumbrado a bregar diariamente por el honor de policías nacionales y de sus guardias civiles. «No podemos esperar a que muera más gente noble y honrada y los terroristas campen a sus anchas. Honor y muerte es lo que les estamos dando a nuestros guardias civiles si desde el Estado no les ayudamos», dice el letrado. «Esto es un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico porque han tenido que matar a dos guardias civiles para que el Gobierno se dé cuenta que hasta ahora es insuficiente», prosigue. Pero, ¿de verdad se ha dado cuenta el Gobierno? «Parece que no», matiza resignado.