Un conductor confiesa que trasladó a Zaragoza dos kilos de 'coca' con pegatinas de Putin
La Policía le intervino dos paquetes de un kilo cada uno que llevaban la imagen del dirigente ruso

Larry O. P., este martes, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza. / A. T. B.
Apenas existen vínculos entre Aragón y Vladimir Putin más allá de las consecuencias de sus decisiones en la economía de la comunidad como el veto ruso a los agricultores de la Unión Europea, entre ellos, los muchos agricultores aragoneses. Por ello, la menciones al dirigente quedan siempre recogidas en la sección política de los medios de comunicación sin que nunca hayan llegado a trascender a las páginas de sucesos y tribunales. Pero la Policía descubrió en septiembre de 2024 una curiosa e inesperada referencia a Putin después de incautarle dos kilos de cocaína a un conductor –Larry O. P. (Colombia, 1991)– en la Z-40: los dos paquetes de sustancia contaban con «una pegatina» del rostro de Putin sobre la que también aparecía grabado su nombre. Y, ante el citado hallazgo, el acusado se ha visto obligado este martes a confesar los hechos ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Los hechos referidos se remontan al mediodía del 19 de septiembre de 2024, en torno a las 13.30 horas, cuando la Policía le dio el alto a un Renault Megane que a primera hora de la mañana había abandonado su domicilio en dirección a Madrid. A su regreso ya a Zaragoza, los agentes retuvieron al citado vehículo en la Z-40 y, al registrarlo, encontraron dos paquetes de cocaína de un kilo cada uno. Ese mismo día, pero por la tarde, se registró su domicilio ubicado en el centro de la capital aragonesa y allí se encontró más cocaína por valor de 17.000 euros a razón de otro paquete de 200 gramos oculto bajo un falso techo en el baño y una veintena de papelinas en el dormitorio. También se intervino dinero en efectivo y diversos útiles para la preparación y la distribución de la droga.
Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba una pena de siete años y seis meses de cárcel por un delito contra la salud pública, si bien ha acabado rebajando su petición hasta los seis años y un día de prisión y el pago de una multa de 200.000 euros. A ello se ha adherido el abogado del acusado, el letrado Alejandro Giménez Planas.
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