"La implantación de la Nueva Oficina Judicial es un reto enorme"

Desde 2011, Cañadas ha ejercido como juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel. En enero asumió su nuevo cargo a raíz de su implicación con "el despliegue tecnológico" en la Justicia. Y ahora atiende a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en una entrevista en la que repasa la implantación de los Tribunales de Instancia, los retos que plantea la Dirección General y otros asuntos de relevancia.

Pregunta (P): Tomó posesión de su cargo el 15 de enero. ¿Por qué decidió dar el paso?

Respuesta (R): La llegada a la Dirección General de Justicia viene de la mano de mi gusto por la tecnología y la implicación que he tenido como magistrado en todo lo que ha sido el despliegue tecnológico. El origen fue la pandemia, con el colapso social, vital y humano que se produjo, y desde luego la Administración de Justicia, desde donde yo contacté con la Dirección General recordando un correo donde se explicaba que se estaba evolucionando el modelo de videoconferencia, que hasta ese momento era ir a una sede judicial para comunicarse con otra. Se nos comunicó que se estaba trabajando en un modelo más flexible de comunicación vía web y ahí empezó todo. Ese modelo se desarrolló, fuimos, creo, la primera comunidad autónoma en disponer de una tecnología con las garantías legales para entrar en sistema de videoconferencia, llegamos a hacer hasta matrimonios en el registro civil con ese sistema… Desatascamos mucho. Luego la interlocución fue permanente y de ahí que en un momento determinado me llamen y me digan que la Dirección General en ese momento está vacante y puede haber un interés en que un perfil de jurista, de magistrado, en concreto tecnológico, se pueda hacer cargo de la gestión. De ahí el reto. En este momento la implantación de la Nueva Oficina Judicial también tiene un componente de reto profesional enorme.

P: ¿Qué visión puede aportar como juez a la Dirección General de Justicia?

R: La visión del juez es una visión omnicomprensiva, es decir, el juez es el destinatario de todos los beneficios, pero también de todos los problemas que tiene la Administración de Justicia. Como órgano decisor, además de que tiene una interlocución permanente con todos los operadores, es el receptor del trabajo de la Oficina Judicial, que es justamente lo que sirve la Administración de Justicia. Ese conocimiento práctico en los últimos 13 años de mi dedicación profesional es el que me permite conocer la realidad a la que ahora mismo sirvo administrando.

P: Usted también ejerció como abogado.

R: Antes de incorporarme a la a la carrera judicial ejercí 18 años como abogado en el Colegio de Zaragoza. Es una realidad que también conozco muy bien la de la abogacía.

P: ¿Qué se ha encontrado en la Dirección General de Justicia?

R: Sobre todo ilusión, compromiso con el servicio público, dedicación y esfuerzo en equipo. Esa ilusión, esas ganas de trabajar por el servicio público y por el bienestar de los ciudadanos en materia de Justicia me ilusiona muchísimo y espero poder transmitir lo mismo también.

P: Entiendo que también se ha encontrado problemas.

R: Problemas muchos, pero es que en una Administración que gestiona los medios materiales para la satisfacción de un derecho fundamental, como es conseguir al final del camino la tutela judicial efectiva, los retos son diarios. El número de personas que integran los cuerpos nacionales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia es elevado, y claro, las incidencias que se producen a diario son enormes en todos los ámbitos. Los problemas son enormes, pero la implantación de un avance en los modelos de gestión nos va permitir modernizarnos, flexibilizarnos y aprovechar sinergias dentro del Gobierno de Aragón. Estoy pensando en Aragonesa de Servicios Telemáticos, todos los procedimientos y apoyos que ofrece a nivel transversal los estamos aprovechando y los vamos a aprovechar más.

P: Es la tercera persona que ocupa el puesto en lo que va de legislatura. ¿Hasta qué punto este cambio de piezas ha mermado los proyectos?

R: No lo sé, pero ahí la respuesta es empuje, ilusión y trabajo. Con lo cual, cualquier retraso que haya podido haber en cualquier capítulo de gestión, si es que se ha producido, se superará con esos mimbres. No hay más.

P: ¿Su proyecto es continuista al de sus compañeros?

R: Es fundamentalmente continuista en el sentido de que aquí se han mejorado cosas que suponen reivindicaciones históricas. Se ha acometido una interlocución seria con el Consejo de Colegios de Abogados y de Procuradores que ha mejorado el Turno de Oficio. Se ha acometido la mejora retributiva de los funcionarios de los cuerpos nacionales con el complemento autonómico y esto se ha hecho en esta legislatura. Desde ese punto de vista es continuista y luego cualquier persona en cualquier responsabilidad siempre aporta un aire personal que espero que sea lo más positivo posible dentro del mantenimiento de la línea estratégica que se lleva y en la profundización de la misma.

P: Alguno de sus predecesores dieron mucho que hablar por sus posicionamientos políticos. ¿Cuál es su postura como juez?

R: Como juez puedo contestar con ese alma de juez que uno conserva. De hecho, en la carrera judicial, la responsabilidad del director general hace que nos integremos en una categoría que son los servicios especiales en la carrera judicial. En cambio, una responsabilidad estrictamente política supone pasar a una situación de excedencia voluntaria en la carrera y esto creo que es importante porque se considera que el director general es de un perfil de gestión y desde luego yo es a lo que vengo, a gestionar, a tratar de optimizar todos los recursos de la Administración de Justicia, a tratar de mejorar la calidad del servicio público e implementar los mejores procedimientos para que esto sea así. ¿Posicionamientos políticos? Me son ajenos en esa faceta de gestión y es en la que yo estoy empeñado.

P: ¿Y la de sus compañeros que llegaron antes que usted?

R: Cada uno tiene que responder de sus propias acciones, de sus propios estilos de gestionar, y bueno, es algo muy personal. Mi empeño es la gestión y el compromiso con la eficiencia y la mejora de los de los procedimientos.

P: En cualquier caso, todos os habéis encontrado un cambio legislativo muy importante con la implantación de los Tribunales de Instancia.

R: (asiente) Es un cambio histórico, se produce la modificación del tradicional sistema de tribunales entendidos como compartimentos estancos, un juez, un letrado de la Administración de Justicia y un personal, para ir a un modelo en el que el juez se mantiene como está en cuanto a sus competencias y sus atribuciones, pero la Oficina Judicial cambia y se adapta a los tiempos en los que vivimos. Es una demanda histórica y como todo cambio tendrá sus disfunciones y su evolución a futuro, que es la que demostrará los frutos que puede dar.

P: ¿Cómo se va a ejecutar en Aragón?

R: Con el mismo trabajo que en todas partes, con un trabajo ingente porque el cambio es profundísimo.

"Se trata de favorecer que en Aragón, en zonas despobladas, la gente no tenga que desplazarse a los juzgados a hacer muchas de las gestiones cotidianas y se puedan hacer ahí"

Jorge Oswaldo Cañadas

— Director General de Justicia

P: Me refiero a efectos prácticos.

R: En primer lugar se modernizan los juzgados de paz para transformarse en Oficinas de Justicia en los municipios. No es un cambio retórico de nombre, y aunque lógicamente llevará su progresión en el tiempo, se trata de favorecer que en Aragón, en zonas despobladas, la gente no tenga que desplazarse a los juzgados a hacer muchas de las gestiones cotidianas y se puedan hacer ahí.

P: ¿Qué gestiones?

R: Gestiones de Registro Civil, de comparecer ante un juez pudiendo hacerlo por videoconferencia, de otorgar un tipo de apoderamiento a través de la herramienta informática… Se va a dotar a todos los municipios de Aragón de la infraestructura tecnológica idónea para hacer eso. Las capacidades de cada uno de esos municipios son las que su peculiaridad poblacional, histórica y de otro tipo de recursos les permitan. Y luego queremos comarcalizar las antiguas agrupaciones de juzgados de paz. Van a estar servidas por funcionarios de la Administración de Justicia, por profesionales que tendrán esa misma equipación tecnológica y que además darán servicio y cobertura a los a las localidades más pequeñitas que dependan de su área geográfica de influencia.

P: ¿Y en los partidos judiciales de pueblos y las capitales de provincias?

R: Se estructurarán en uno o varios servicios comunes dirigidos por letrados de la Administración de Justicia, donde a su vez se podrán hacer equipos de trabajo o áreas más pequeñas dependiendo del modelo que se le dé. Por la estructura territorial de Aragón, en la mayor parte del tejido jurisdiccional, salvo en las tres capitales de provincias, hablamos de uno o dos juzgados. Habrá una oficina única integrada por todos los funcionarios y darán el soporte y la cobertura al actual magistrado que dirija el tribunal o los dos que actualmente lo hacen.

P: En un mixto de Fraga, por ejemplo, ¿cómo se va a notar?

R: A efectos prácticos seguirán los dos magistrados, que ahora son titulares de cada uno de los órganos, pero con una Oficina única.

P: ¿Y solo habrá un letrado de la Administración de Justicia?

R: Eso depende del ministerio, no es incumbencia de la comunidad autónoma. Habrá uno o dos, pero bien uno, o bien los dos, organizarán luego los equipos de trabajo y la filosofía de la Ley es que se puedan balancear las cargas. Si mañana, por la litigación en masa a la que existimos en los últimos tiempos, la jurisdicción civil está más cargada, se podrá destinar un mayor esfuerzo de tramitación en esa dirección. Si pasado mañana entra una causa penal compleja o de gran envergadura en ese juzgado, se podrá balancear la carga hacia esa tramitación.

P: ¿Y esto es viable con los medios económicos y humanos con los que se cuentan a día de hoy?

R: Los modelos de referencia en los que ha venido trabajando el ministerio con las comunidades autónomas, y con los que yo me he encontrado al llegar, plantean que el punto de partida es no incrementar la dotación de funcionarios a nivel estatal. Pero también se prevé, que una vez implantados y en rodaje con la interlocución de todos los interesados, se vaya evaluando cuál es el desempeño del modelo, dónde puede haber fallos a corregir o dónde puede haber carencias de personal a mejorar.

P: ¿Es difícil de explicar este cambio?

R: Depende. En localidades donde tenemos un juzgado no, porque al final es un cambio de denominación. En localidades donde tenemos dos juzgados, escasamente. Y en sitios más grandes, lógicamente, habrá que ir a un sistema de adaptación, también a un sistema de formación y de explicación, pero está previsto que lo podamos hacer.

P: ¿Y qué plazo se manejan?

R: Estamos hablando del 1 de julio para lo que sería la Justicia municipal y todo el desarrollo de tribunales excepto las tres capitales de provincia, donde entraría en funcionamiento el 1 de diciembre. La propia Ley prevé la posibilidad de prórrogas e iremos viendo si la adaptación es posible en los plazos legales o tenemos que ir a algún tipo de prórroga. En todo caso es un modelo de implantación progresiva.

P: A fecha de 7 de marzo, ¿qué sensaciones tiene? ¿Va a dar tiempo o no va a dar tiempo?

R: Los modelos de referencia sobre los que estamos trabajando van evolucionando. Hoy (por el viernes) publica el Boletín Oficial del Estado las relaciones de puestos de trabajo en territorio de ministerio. Se trabaja de una manera fundamentalmente coordinada y esperamos que nos dé tiempo a terminarlo. En este momento ya estamos planteando un piloto en una agrupación de juzgados de paz para todo lo que sería el tema de la Justicia Municipal y lo que son tribunales profesionales de uno o dos juzgados, que es el plazo que marcamos al 1 de julio. Lo cumpliremos. Mi deseo sería intentar adelantar parte del trabajo de diciembre para tenerlo todo lo todo lo desarrollado posible para luego sacarlo adelante. En ese punto es muy importante también la interlocución con los representantes de los trabajadores, tuvimos un primer encuentro esta misma semana, y en cuanto tengamos un desarrollo del modelo que les podamos ofrecer para empezar el diálogo, serán inmediatamente convocados a a trabajar con ella.

"Como magistrado sí que sé que en los lugares más grandes también se va a requerir una adaptación del Poder Judicial en lo que serían normas de reparto, distribuciones del trabajo, gestión de ese Tribunal de Instancia"

Jorge Oswaldo Cañadas

— Director General de Justicia

P: Ayer (por el jueves), los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia emitieron una serie de recomendaciones a la Ley. Percibí mucho escepticismo ante la entrada en vigor de los Tribunales de Instancia.

R: Eso desborda mi cometido y mi capacidad, pero claro, como magistrado sí que sé que en los lugares más grandes también se va a requerir una adaptación del Poder Judicial en lo que serían normas de reparto, distribuciones del trabajo, gestión de ese Tribunal de Instancia… Lógicamente lleva también su adaptación y todas las recomendaciones que hayan hecho serán fruto de su experiencia.

P: Hablando también de la Ley de Eficiencia de Justicia, ¿es lógico que los juzgados de violencia de género asuman todas las causas de violencia sexual?

R: Es una decisión del legislador, y desde la Administración prestacional que nosotros representamos, lo que tenemos que hacer es dotar de la máxima eficiencia a los recursos disponibles para gestionar eso.

P: ¿Es conveniente o no?

R: Nosotros no estamos para valorar la conveniencia o no de la decisión, sino para dirigir todas las capacidades que podamos a que eso funcione. Es una decisión del legislador. Hay un componente común en lo que es la violencia sobre la mujer que luego tiene especificidades a la hora de las relaciones parentales o de cualquier otro tipo de relación. Entonces sí que se tiende a aprovechar la especialización de los órganos que actualmente trabajan la violencia sobre la mujer para expandir sus capacidades y conocimientos, que si bien no eran los que les venían atribuidos inicialmente por la Ley, sí que el legislador piensa que pueden tener un componente que los haga de mejor estudio en esos órganos especializados que en un órgano que no lo sea.

P: También esta Ley de Eficiencia de Justicia incluye la celebración de una audiencia preliminar que permita alcanzar conformidades o plantear cuestiones previas. ¿Hasta qué punto esto va a aliviar la carga de los juzgados?

R: Me parece interesante porque es una práctica que se venía haciendo. A veces la Ley innova sobre cero y establece un diseño nuevo de algo, y otras veces, y este es uno de los casos, la Ley aprovecha una práctica, un recurso que estaba desempeñándose y que daba buen resultado, para normativizarlo y establecerlo como preceptivo y este es el caso. Es una normativización de una práctica que ha dado buen resultado.

P: ¿Qué necesidades tiene la Justicia aragonesa a día de hoy?

R: Todas las necesidades de la Justicia en toda España, es decir, son necesidades infinitas porque la satisfacción del ciudadano pasaría por darle una respuesta a su problema jurisdiccional en tiempo récord. Eso está reñido con la realidad de las cosas, y por lo tanto, necesitamos esfuerzo personal y medios tecnológicos, por supuesto infraestructuras.

P: Durante estas semanas ya ha mantenido alguna reunión con los sindicatos. ¿Qué le transmiten?

R: La reunión que mantuve con ellos fue una reunión de presentación. Son un colectivo prioritario para el director general. Estoy satisfecho del encuentro que tuvimos, no solo son grandes profesionales, sino que representan a un colectivo de grandes trabajadores que dan lo mejor de sí mismos todos los días para que la calidad del servicio sea óptima. El trabajo de las personas que lo proporcionan, en este caso los funcionarios de la Administración de Justicia, es decisivo para que el sistema funcione y para que funcione con la mejor calidad posible.

P: Transmiten su preocupación porque las bolsas de interinos están vacías.

R: Sí, sí, claro. Eso es lo que nos lleva a esas dos líneas de trabajo que ya he establecido. Una, y es mi preocupación, resolver el problema a medio y largo plazo. Hasta ahora el problema se ha ido resolviendo por parcheo, se ha hecho una nueva llamada, se ha vuelto a agotar la bolsa… y así sucesivamente. Estamos hablando de un decreto de 2016. Mi idea es ir a un sistema que permita una bolsa permanentemente abierta, con activaciones y desactivaciones, baremada, permanentemente abierta, flexible... Querría unir en la bolsa a las categorías que ahora mismo se distinguen tradicionalmente, aquellas personas que han participado en procesos electivos y aquellas que no, pero una sola bolsa que gestione todo eso y una herramienta informática ágil.

P: Ha trabajado en los últimos años en la provincia de Teruel. Llegado desde allí, ¿qué cree que puede aportar de ese conocimiento del medio rural?

R: El propio conocimiento de la idiosincrasia de lo que ahora denominan, con las etiquetas que nos gusta poner para cualquier cosa, la España vacía o la España vaciada. Es decir, hablamos de un territorio disperso en poblaciones, con escasa población en cada uno de los municipios, con una población muy envejecida… Ese conocimiento de ese entorno es el que el que puedo aportar aquí a la hora de plantear las soluciones técnicas que haya que encajar en cada uno de los territorios. Digamos que pienso que pueda venir bien, por ejemplo, para todo lo que sea la Justicia Municipal, el tema de los de las Oficinas de Justicia en los municipios.