La libertad de expresión ampara la ‘cruzada’ contra un concejal de Cadrete

El Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza ha absuelto a un vecino de Cadrete que emprendió una cruzada contra un concejal del municipio al publicar una veintena de vídeos en Facebook en los que denunciaba prácticas corruptas del edil en el consistorio. Y el motivo de la absolución no es otro que el derecho a la libertad de expresión a pesar de que las acusaciones resultaran «ofensivas» y «molestas» para el denunciante, ya que el acusado incluso llegó a publicar una fotografía del concejal vistiendo un traje naranja de presidiario con una bola atada al tobillo. Meses después, en diciembre de 2022, el procesado publicó otros 49 vídeos en Youtube con una duración total de diez horas y media bajo la denominación de Los presuntos delitos de Manuel Félez.

«Analizadas conjuntamente las manifestaciones vertidas por el acusado en diversas redes sociales, visto el contexto político en el que las mismas se manifestaron, y tomando también en consideración que los hechos revelados por el acusado no se limitaron sin más a divulgarse en canales públicos de difusión, sino que se denunciaron ante las instituciones que tienen la obligación de perseguir los delitos, se estima que tales manifestaciones se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión», recoge la sentencia al estimar las alegaciones presentadas por la abogada defensora, la letrada Susana Izcara.

Y es que el acusado llegó a concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2023, de ahí que el juez, el magistrado Alfredo Lajusticia, valore también el contexto político. «Han de contextualizarse dentro de los límites de un debate político plural que permite el intercambio de distintas opiniones o ideas, sin que se haya probado que todas esas manifestaciones vinieran motivadas por un ánimo de resentimiento o venganza del acusado al haber sido multado por diversas infracciones de tráfico»

Inicialmente, la acusación particular a cargo del abogado Francisco Jesús Moreno solicitaba una pena de un año de cárcel por un delito de coacciones, otros dos años de prisión por un delito continuado de calumnias y el pago de una multa de 4.200 euros por un delito continuado de calumnias. También interesaba el pago de una indemnización de 6.000 euros por los daños morales ocasionados.