La Justicia condona 150.000 euros a un promotor zaragozano que se arruinó con la crisis del ladrillo

En plena Semana Santa, un promotor de obra zaragozano ha resucitado de la mano de la Ley de Segunda Oportunidad al ver condonada una deuda de 150.000 euros que contrajo con Ibercaja en 2006 a raíz de un préstamo bancario para levantar medio centenar de viviendas en un municipio del área metropolitana de Zaragoza. Así se desprende de la sentencia que ha firmado recientemente el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Zaragoza tras estimar la demanda formulada por el representante legal del procesado, el abogado Cristian Monclús, en la que se solicitaba la cancelación de todas la deudas cuyo origen se sitúa en la crisis inmobiliaria de 2008.

Así lo hizo constar el letrado en la demanda remitida al Juzgado al precisar que la "grave crisis económica" paralizó la comercialización de las viviendas que había promocionado. "Ante la imposibilidad de vender las viviendas, las cuotas del préstamo hipotecario tuvieron que ser desatendidas. Y a pesar del gran empeño realizado para hacer frente a las deudas contraídas, no puede atenderlas al encontrarse en una situación de grave ahogo económico y máxima preocupación", alega la demanda.

Casi 2.500 aragoneses salvan sus deudas con la ley de segunda oportunidad

En cualquier caso, la actual deuda de 150.000 euros reflejaba la cantidad que todavía le quedaba pendiente de abonar a Ibercaja después de que, con anterioridad, una empresa vinculada a la entidad bancaria ya se hubiera adjudicado todas las fincas adquiridas con la intención de levantar las viviendas. "Este periodo de grave crisis económica, con el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria, supuso que la comercialización de las viviendas promocionadas no saliera adelante", apunta la demanda.

Diez años de la Ley de Segunda Oportunidad

Cerca de 2.500 familias aragonesas han conseguido en la última década la exoneración de sus deudas gracias a sentencia judicial y una ley que sigue siendo poco conocida, la de la segunda oportunidad. En 2025 se cumplen diez años desde la entrada en vigor de la norma, que permite no pagar las deudas contraídas siempre que se demuestre que previamente se ha actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazarlas.

De los casi 2.500 casos de segunda oportunidad que han pasado por los juzgados aragoneses desde 2015, más del 60% son de los tres últimos años. El número se disparó a raíz de la reforma de 2022, que agilizó el procedimiento aunque restringió algunos requisitos que son motivo de controversia jurídica. En 2024, a falta de que se publiquen los datos del último trimestre, se declararon 416 casos en Aragón. A este ritmo, se prevén llegar a medio millar en todo el ejercicio, en línea con los dos años anteriores.