Condenada la socia de una cooperativa de transporte por estafarle 45.000 euros a un taller de Pedrola

María Armanda de Jesús Proença, quien fuera socia de la cooperativa Ibertrans SCA, aceptó ayer una pena de dos años de cárcel como autora de un delito de apropiación indebida al reconocer que se apoderó de la cabeza tractora de un camión valorada en 45.000 euros tras firmar un contrato de "compraventa" con una empresa cuyo taller se emplaza en Pedrola (Zaragoza). Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Adriana Cubero del Valle y la defensora de la enjuiciada, la letrada María Sara Rodríguez, y que también recoge la devolución de los 45.000 euros al fraccionarse el pago de la indemnización en cuotas mensuales de 400 euros.

Fue el compromiso que ofreció ayer esta mujer de nacionalidad portuguesa para evitar la cárcel, aunque la suspensión de la condena será valorada a lo largo de estos días por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín. En cualquier caso, ni la fiscal ni la abogada de la acusación se negaron a dicha solicitud a cambio de que María Armanda no delinca en un plazo de cinco años y cumpla mensualmente con sus obligaciones económicas hasta satisfacer el citado importe.

El contrato firmado

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa y María Armanda suscribieron un contrato de compraventa el 29 de mayo de 2019 en el que acordaron el pago de una entrada de 5.000 euros y de varias cuotas de 1.560 euros a los que habría que sumarle un valor residual de 6.000 euros.En el momento de la firma del contrato ya se le transmitió "la posesión" de la cabeza tractora, "para lo que se le entregaron las llaves y documentación". "Después del celebrado contrato, la encausada solo ha pagado 2.500 euros de entrada y no ha satisfecho ninguna otra cantidad, habiendo retenido en su posesión la cabeza tractora y no procediendo a su devolución", relata el escrito.

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La ahora condenada se encontraba interna en la cárcel de Zuera después de que, en enero de este mismo año, no se presentara a este mismo juicio señalado el día 8. Entonces se dictó una orden de busca y captura que se materializó semanas después cuando fue identificada en su país de origen y fue extraditada a España con un paso previo por el centro penitenciario de Badajoz. Después de que ayer reconociera los hechos, María Armanda fue trasladada de nuevo a la cárcel para recoger sus enseres y volver con su familia después de que el tribunal provincial le concediera la libertad a la espera de pronunciarse sobre la suspensión de la condena.

Inicialmente, el ministerio público solicitaba una pena de dos años de cárcel y la acusación particular elevaba la pena privativa de libertad hasta los tres años. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza y la sentencia ya es firme una vez que las partes anunciaron que no presentarán recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).