El exdirector técnico de Cermi Aragón que desfalcó 130.000 euros culpa a su gestor: "Debería estar vigilando las cuentas"

Quien fuera durante ocho años director técnico de Cermi Aragón, Daniel Bes Argón, ha confesado este lunes que, entre los meses de enero y de octubre de 2022, se apoderó de alrededor de 130.000 euros al traspasar a su banco dicho importe desde las cuentas de la organización, que agrupa a todas las asociaciones de personas con discapacidad. A preguntas tan solo de su abogada, pues Daniel Bes Argón ha declinado responder al resto de las partes, el acusado ha defendido que actuó de esta manera como consecuencia de sus "graves problemas de adicciones" (drogas) hasta que dejó 45 céntimos en las arcas de la entidad y le transmitió lo sucedido a su vicepresidenta, aunque ha descargado parte de su responsabilidad en terceros. "Al gestor no se le ha citado nunca y es el que debería estar vigilando las cuentas", ha afirmado el encausado en el turno de la última palabra.

Y es que tanto él como su abogada no se han limitado a reconocer la evidencia, sino que también han cargado contra los medios de comunicación locales por informar en su día de lo sucedido, tal y como avanzó este diario en su edición impresa del 19 de diciembre de 2022. "No hubo ni tiempo ni forma para la reparación del daño por salir esta noticia en la prensa con nombres y apellidos (del acusado). La prensa hizo mucho daño", ha expuesto su defensora. "No me dieron ninguna facilidad (en Cermi), me despidieron y luego ya no tuve ninguna otra fuente de dinero porque me sacaron en portada y ya no pude trabajar", ha declarado el acusado, quien ha reconocido que llevaba "una doble vida".

Cermi Aragón investiga el desvío de al menos 130.000 euros de sus cuentas

Así lo acordó la organización el 9 de noviembre de 2022 después de que Daniel Bes Argón fuera citado a una reunión junto al presidente de Cermi Aragón, Luis Gonzaga; su vicepresidenta, Marta Valencia, y el secretario general, José Luis Catalán. A este encuentro, precisamente, ha aludido Valencia al tratarse de la primera persona que conoció lo sucedido el 2 de noviembre. "Me dijo que no había dinero en la cuenta y cómo lo había hecho, por eso me mandó un correo con los recibos justificados. Al principio fueron 115.000 euros", ha explicado la vicepresidenta, quien ha zanjado que ni ella ni Catalán (ambos administradores mancomunados) "nunca" le facilitaron las claves para que pudiera manejar las cuentas a su antojo. "Nos comunicaba que había alguna transferencia puntual para firmar, entonces yo metía mi clave de firma, autorizaba el SMS y se tramitaba la transferencia automáticamente", ha aclarado Valencia.

"Viajes por su cuenta"

Entre todos los "traspasos de fondos" desde las cuentas corriente y de crédito a Cermi figuran, por ejemplo, "viajes por su cuenta" por importe de 2.700 euros, la devolución de varios recibos cuantificados en 2.800 euros e incluso el cobro de una subvención de 9.979 euros para un viaje al Parlamento Europeo: Daniel Bes Argón derivó directamente a su cuenta personal este insumo después de que Cermi adelantara el pago a Viajes Area, entidad gestionada por el director general de Turismo del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada, que este lunes también ha comparecido en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

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La organización quedó entonces al borde de la quiebra y tuvo que pedir dos préstamos, uno de 15.000 euros a Cermi estatal y otro de 80.000 euros a Fundación Once, para pagar "los recibos que quedaban pendientes" y repartir las subvenciones que canalizaba Cermi entre el resto de sus entidades asociadas. "No nos dejó dinero ni para pagar la luz, no teníamos nada, nos dejó la cuenta a cero", han abundado sus excompañeros. "Una vez se había fundido los fondos de la cuentas es cuando hizo un ingreso de 3.000 euros para pagar el aqluiler y que no se dieran cuenta", ha precisado un investigador del Grupo de Delitos Económicos.

Mientras que la Fiscalía solicita una pena de tres años y seis meses de cárcel y el pago de una multa de 2.160 euros, la acusación particular a cargo de la abogada Carmen Cifuentes eleva la pena privativa de libertad hasta los tres años y seis meses de prisión y la multa hasta los 4.050 euros. La defensora del acusado, por su parte, ha interesado en primer término la nulidad de las actuaciones por indefensión, aunque dicha pretensión ha sido desestimada por el tribunal provincial, presidido por el magistrado Francisco Picazo. Y, alternativamente, ha solicitado la aplicación de las atenuantes de confesión y drogadicción.