Detenido el responsable de los alojamientos ilegales de Parque Roma: se embolsaba 25.000 euros al mes

La Policía Nacional detuvo este pasado miércoles en Utebo (Zaragoza) al responsable de los hostales ilegales de Parque Roma y la avenida San José que fueron desalojados el pasado 26 de mayo en Zaragoza.

Se le acusa de llevar a cabo una trama de explotación inmobiliaria ilegal por transformar locales comerciales en infraviviendas ilegales divididas en pequeños habitáculos en los que llegó a distribuir 103 camas en las que se hacinaban personas vulnerables en situación extrema a las que cobraba alquileres con los que obtenía unos 25.000 euros al mes de beneficio. Cifra similar a la defraudada por obtener los suministros de manera ilegal y por los que también se le imputan daños valorados en 100.000 euros.

Así fue el desalojo del hostal ilegal de Parque Roma

La operación corresponde a la ejecución del desalojo judicial de dos locales situados en la urbanización Parque Roma de Zaragoza llevada a cabo el pasado 26 de mayo. En el interior de esos locales se localizaron 32 habitaciones y 103 camas, muchas de ellas dispuestas en literas, donde residían más de 120 personas, en su mayoría extranjeras y en situación administrativa irregular.

Durante la intervención, los policías constataron la grave situación de insalubridad, con espacios sin luz natural, ventilación ni condiciones básicas de seguridad. Enseres personales, alimentos y cables eléctricos improvisados se acumulaban en espacios reducidos.

En imágenes | Desalojo de un albergue ilegal en Parque Roma

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Ante esta situación, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza activaron recursos de atención inmediata, ofreciendo alternativas habitacionales a las personas en mayor situación de vulnerabilidad o sin redes de apoyo. Al día siguiente, se desocupó voluntariamente otro local en la avenida San José, que había sido abandonado por sus ocupantes ante la inminencia del desalojo judicial.

10.000 euros en efectivo en el registro de la vivienda del detenido

El 18 de junio, los agentes procedieron a la detención del investigado en la localidad de Utebo. Tras la entrada y registro de su domicilio y el bloqueo preventivo de sus cuentas bancarias, le intervinieron 10.000 euros en efectivo, distribuidos en diferentes estancias. Los agentes también hallaron abundante documentación relacionada con contratos de arrendamiento, empadronamientos irregulares y facturación.

Además, localizaron dispositivos electrónicos de almacenamiento, susceptibles de contener información relevante para la investigación, así como un datáfono, que era utilizado para gestionar y cobrar directamente los pagos efectuados por los inquilinos, tanto por las camas como por el acceso a suministros básicos.

El detenido, al que se le imputan los delitos de estafa, falsedad documental, daños, defraudación de fluido eléctrico y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pasó este viernes a disposición de la autoridad judicial competente, y luego quedó en libertad con cargos.

En imágenes | Los desalojados del albergue ilegal de Parque Roma regresan en busca de sus pertenencias

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Una investigación de cinco meses

Las pesquisas se iniciaron en enero de 2025 por parte de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Zaragoza, tras recibir diversas informaciones que alertaban sobre una actividad ilícita consistente en la utilización de locales comerciales como alojamientos clandestinos, sin cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad ni contar con autorización administrativa.

Desde el inicio de la investigación se articuló una coordinación operativa entre diversas unidades de la Policía Nacional y se contó con el respaldo técnico y operativo de distintos servicios del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya intervención resultó clave en cada fase de la operación.

Por un lado, el Servicio de Urbanismo elaboró informes detallados sobre la ausencia de licencias, la falta de cédulas de habitabilidad y las deficiencias estructurales de los inmuebles inspeccionados.

El Cuerpo de Bomberos evaluó los riesgos derivados de las instalaciones eléctricas ilegales y la carencia de medidas básicas de protección contra incendios.

Por su parte, la Policía Local participó activamente en las labores de control, precinto y apoyo a los dispositivos de intervención. Y los Servicios Sociales realizaron valoraciones individuales de los afectados, facilitando recursos de alojamiento provisional a las personas en situación de especial vulnerabilidad.

Durante varios meses, los agentes analizaron contratos, expedientes administrativos, documentación falsificada y declaraciones de inquilinos y propietarios, acumulando pruebas que permitieron delimitar el alcance de la trama.

Locales convertidos en alojamientos clandestinos a 200 euros por cama

El investigado operaba a través de sociedades mercantiles con las que formalizaba contratos de arrendamiento, presentándose ante los propietarios como un arrendatario de buena fe que destinaría los locales al almacenamiento de materiales.

Sin embargo, una vez obtenida la posesión, ejecutaba obras sin licencia ni supervisión técnica, dividiendo los espacios en numerosos habitáculos de escasos metros cuadrados.

Estas construcciones improvisadas carecían de ventilación, luz natural, aislamiento térmico y medidas mínimas de seguridad, lo que generaba condiciones extremas de hacinamiento.

En algunos casos, hasta seis personas compartían una misma estancia, durmiendo en literas o camas dispuestas junto a alimentos y enseres personales. Cada cama se alquilaba por un mínimo de 200 euros mensuales, a lo que se sumaban pagos adicionales por el uso de luz, agua o electrodomésticos. Todos estos suministros eran obtenidos de forma fraudulenta mediante conexiones ilegales.

Para reforzar la apariencia de legalidad, el responsable ofrecía empadronamientos irregulares en otras ubicaciones, a cambio de una contraprestación económica.

Incluso tras conocer la fecha de desalojo judicial de un local, continuaba cobrando las mensualidades correspondientes, prolongando el engaño hasta el último momento.

Las investigaciones permitieron determinar que obtenía beneficios mensuales estimados en 25.000 euros, que había defraudado fluido eléctrico por más de 25.000 euros y que los daños causados en los locales superaban los 100.000 euros.

Engaño a personas vulnerables

El modelo de negocio ilícito se basaba en aprovecharse de la situación de exclusión social de numerosas personas, a quienes se ofrecían "habitaciones" en locales que no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad ni higiene. Muchas de las víctimas, sin acceso a otras alternativas residenciales, se veían obligadas a pagar elevadas sumas por una cama en espacios oscuros, compartidos y sin ventilación, en condiciones claramente indignas y de riesgo.

El detenido, al que se le imputan los delitos de estafa, falsedad documental, daños, defraudación de fluido eléctrico y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pasó este viernes a disposición de la autoridad judicial competente, quedando en libertad con cargos. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para determinar si existen más inmuebles afectados, identificar a posibles colaboradores y rastrear la totalidad de los beneficios obtenidos mediante esta actividad fraudulenta.

La concejala de Servicios Sociales: "Que caiga todo el peso de la ley sobre este individuo"

La concejala responsable de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha felicitado a la Policía Nacional por lograr dar con el acusado y ha pedido que "caiga todo el peso de la ley sobre este individuo".

La responsable de los servicios sociales municipales ha recordado que "lo que vivimos la noche del desalojo en Parque Roma fue muy duro" y por eso ha deseado que "no se repita nunca más" una caso como este.

"Enhorabuena a la Policía Nacional y a los que estuvimos trabajando esa noche allí, porque fue un trabajo complejo pero fue un buen trabajo. Y sobre todo que caiga todo el peso de la ley ante un individuo que ha sido capaz de abusar de las personas más vulnerables sin ningún tipo de ética", ha reprochado Orós.