Condonados 150.000 euros a una vecina de Zaragoza que se arruinó en 2008

Imagen de recurso de dinero. / EFE | MATTHIAS BALK
De la crisis del ladrillo todavían andan recuperándose quienes sufrieron en sus propias carnes los peores estragos de esta debacle económica. Son más de 15 años de "gran esfuerzo" y "sacrificio económico" de los que acaba de liberarse una vecina de un pueblo del área metropolitana de Zaragoza al conocer que la Ley de Segunda Oportunidad le ha exonerado del pago de 151.987 euros, una deuda que había contraído con Ibercaja como consecuencia de la quiebra de la constructora de su marido. Y es que esta mujer actuó como fiadora de un préstamo que suscribió su esposo a la hora de levantar medio centenar de viviendas unifimaliares cuya comercialización no salió adelante, de ahí que la entidad bancaria se acabara adjudicando las fincas en las que se iban a construir estas viviendas.
Así lo dicta la sentencia que ha firmado el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza. "Se encuentra en una situación de grave ahogo económico y máxima preocupación, toda vez que nos encontramos atravesando uno de los peores escenarios de crisis económica marcado por la situación de inflación y la gran subida de precios. No pudiendo hacer frente a las deudas pese al esfuerzo y habiendo realizado su patrimonio, todo ello teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en desempleo", argumentan sus abogados, los letrados Cristian Monclús y Paula Martínez, en la memoria expresiva de su historia económica y jurídica.
En la última década, cerca de 2.500 familias aragonesas han conseguido la exoneración de sus deudas gracias a sentencia judicial y una ley que sigue siendo poco conocida, la de la segunda oportunidad. Este año se cumple una década desde la entrada en vigor de la norma, que permite no pagar las deudas contraídas siempre que se demuestre que previamente se ha actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazarlas.
De los casi 2.500 casos de segunda oportunidad que han pasado por los juzgados aragoneses desde 2015, más del 60% son de los tres últimos años. El número se disparó a raíz de la reforma de 2022, que agilizó el procedimiento aunque restringió algunos requisitos que son motivo de controversia jurídica. En 2024, a falta de que se publiquen los datos del último trimestre, se declararon 416 casos en Aragón. A este ritmo, se prevén llegar a medio millar en todo el ejercicio, en línea con los dos años anteriores.
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