El cierre del centro de menores de Ateca cumple un año y la jueza sigue recabando pruebas

La calma veraniega que reina a lo largo de estos días en los juzgados aragoneses es una sensación que induce a error. Los paneles informativos de las sedes judiciales han dejado de reflejar los señalamientos de los juicios, pero a las mesas de los jueces y de sus funcionarios continúan llegando muchos papeles. Si no que le pregunten a los trabajadores del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud por el ajetreo de hace un año por estas mismas fechas cuando se estaba cocinando a fuego lento el cierre del Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca, una medida que adoptó la jueza Aída Ramírez de la mano de los dos atestados que le entregó la Guardia Civil entre el 30 de julio y el 1 de agosto. Entonces los investigadores también pusieron a su disposición a cinco detenidos, cuatro auxiliares y su director, a quienes envió a prisión por delitos de tortura, contra la integridad moral, lesiones, agresión sexual y pertenencia a organización criminal. Y un año después, cuatro de ellos se encuentran en libertad provisional según la información a la que ha tenido acceso este diario.

Han sido casi 365 días de compleja instrucción de un procedimiento que ya acumula más de 2.000 acontecimientos desde los primeros días de julio de 2024. Tanto es así que la nueva jueza de este Juzgado –Aída Ramírez está destinada ahora en Tudela– ha acordado recientemente la prórroga de la instrucción debido a la "complejidad" de los hechos investigados, unos presuntos episodios de torturas, lesiones y de agresiones sexuales que denunciaron varios menores del centro. Según consta en el auto de la prórroga firmado el 30 de junio, todavía falta por interrogar a varios trabajadores además de otras personas relacionadas con el centro de menores.

Tampoco se ha recibido el volcado del teléfono móvil del único detenido –Mohamed E. B.– que en estos momentos permanece en prisión, cuya puesta en libertad ha desestimado recientemente la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Sí que consta sobre la mesa de la jueza el volcado de los dispositivos móviles de otros encartados, varios análisis remitidos por la Guardia Civil en los que constatan las mismas "agresiones físicas" que denunció uno de los menores. "Se escucha al menor gritar de dolor por la maniobra que se le está practicando, llegando incluso a temer por la fractura de un hueso", apuntan los agentes adscritos al Área de los Delitos contra las Personas.

Cuatro detenidos en libertad

Junto a este encartado fueron detenidos otros tres auxiliares y el director del centro de menores, quienes se encuentran en situación de libertad provisional después de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza revocara los autos de prisión que la jueza Aída Ramírez dictó el 1 de agosto de 2024. Pero el director, Iván R. M., y sus cuatro auxiliares, Youssef E. B. C., Mohamed E. B. C., Alexandru R. A. y Abdeliah A., no son los únicos investigados en este procedimiento. En calidad de "investigado no detenido" figuran tres personas con pasado en el centro además de su anterior supervisor, Miguel Ángel V. P., y un extrabajador, Salah Eddine E. T. K.

Este último educador es, precisamente, el primer empleado del centro sobre el que se dirigió el procedimiento después de la denuncia que el 22 de mayo de 2024 interpuso una menor en el puesto de la Guardia Civil de Ateca. Mientras avanzaban las averiguaciones del Equipo Territorial de Policía Judicial de Tarazona se tuvo conocimiento de la denuncia que la madre de otro menor había interpuesto el 2 de julio en la comisaría de San José. Y llegó una tercera denuncia el 20 de julio hasta que se rondó la veintena en apenas unas semanas una vez que el 2 de agosto ya se había clausurado este centro gestionado por el Grupo Lagunduz y la Fundación Salud y Comunidad al tratarse de un servicio concertado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Por este mismo volumen de trabajo, el auto de prórroga dictado por la jueza abre la puerta a una "ulterior prórroga" de la instrucción porque "puede resultar necesaria e imprescindible alguna otra diligencia de investigación". Una vez finalice la fase de instrucción, la jueza valorará la apertura de juicio oral contra los investigados y luego se dará traslado a las partes para formular sus escritos de acusación y defensa. Pero, para ello, faltan al menos otros seis meses más. Y en ello trabajan la jueza, la fiscal y los abogados defensores, entre ellos, los letrados Marco Antonio Navarro, Juan Manuel Martín Calvente o Gregorio Entrena.