Absueltos por su 'cabezonería' casi 20 acusados de una ciberestafa en Zaragoza

Los nervios siempre afloran en los momentos previos a la celebración de cualquier juicio. En el caso de los abogados, por la responsabilidad que asumen, y en el caso de sus clientes, por verse cara a cara con un juez mientras cargan con una mayor o menor acusación sobre sus espaldas. Quizá por eso, por ese miedo escénico de verse en el banquillo, hasta una decena de acusados confesaron hace unos meses que ejercieron de mulas bancarias y aceptaron penas de entre cuatro y seis meses de cárcel por un delito de estafa. Pero otros muchos acusados, hasta un total de 19, decidieron mantenerse en sus trece, defender su inocencia y no firmar ningún pacto. Y arriesgaron y ganaron porque un juzgado de Zaragoza les ha dado la razón al absolverles a todos ellos.

Así se desprende la sentencia que el titular del Juzgado de lo Penal número 7 ha firmado en los últimos días, un documento en el que se aclara que esta veintena de acusados, defendidos por los abogados Fernando Rodríguez Burgúes, Diego Lázaro o Sara Rodríguez, entre otros, no actuaron en connivencia con los autores de la estafa informática "ni que conociesen el origen ilícito" del dinero que recibieron en sus cuentas. Sí que reconocieron este punto otros nueve acusados, quienes confesaron que facilitaron sus cuentas bancarias a ciberdelincuentes para mover alrededor de 60.000 euros.

Extracción de datos

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, los nueve condenados facilitaron "voluntariamente" sus cuentas "para recibir el dinero" que obtenían los ciberdelincuentes, "personas que no han sido identificadas" y que lograban el duplicado de las tarjetas SIM de las víctimas para suplantar la identidad de los titulares de sus cuentas de Ibercaja. "Mediante técnicas que se desconocen, personas no identificadas lograron acceder a la banca online de los denunciantes, extrayendo datos vinculados a la numeración de sus cuentas corrientes y contacto de sus teléfonos obteniendo de esta manera los perfiles bancarios de los afectados", recoge el escrito.

"Acto seguido, y con el control de las líneas telefónicas, suplantando la identidad de los titulares, operaban fraudulentamente en sus cuentas corrientes, aumentado su liquidez y a continuación realizaban transferencias inmediatas de Bizum a diversas cuentas corrientes de los encausados", proseguía la acusación del ministerio fiscal en alusión a los movimientos en los que participaron los encausados, para quienes solicitaba el ministerio público una pena de entre seis y doce meses de cárcel. En el procedimiento también se encuentra personado Ibercaja a la hora de reclamar el dinero que ya ha "reintegrado" a los perjudicados.