El expresidente del Campo de Cariñena niega su prevaricación: "No tengo ni idea de Derecho"

Quien fuera presidente de la comarca Campo de Cariñena y alcalde de Tosos, el entonces socialista José Luis Ansón Gómez, ha vuelto a sentarse en el banquillo. A la larga lista de pleitos judiciales que pesan sobre sus espaldas ha sumado este lunes una nueva comparecencia, ahora por un delito de prevaricación que le imputa la Fiscalía por suspender de funciones a su secretario comarcal hasta en dos ocasiones. Sobre sendos decretos que Ansón firmó el 1 y el 28 de octubre de 2021 ha alegado el expresidente que lo hizo por la interposición de una denuncia contra el funcionario perjudicado... aunque al tiempo fue archivada. "No tengo ni idea de Derecho, yo solo firmaba las resoluciones que redactaban los técnicos porque era lo que tenía que hacer para proteger el interés público y las pruebas", ha defendido Ansón en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Ante el tribunal de la Sección Primera se ha extendido mucho más el perjudicado, Ismael Ania, quien ha recordado que obtuvo su plaza en el Campo de Cariñena aunque entre abril de 2019 y septiembre de 2021 marchara de comisión de servicio a Barbastro. A su regreso ya le advirtieron de que el ambiente estaba "enrarecido" sin que llegara a imaginar lo que se iba a encontrar en su primer día de trabajo aquel 1 de octubre de 2021. "Tomé posesión y me dieron un papel en el que me suspendieron de funciones. Estaba aturdido, no entendía nada... Me dijeron que lo leyera tranquilamente y el secretario (el interino) me dijo que era cosa del presidente. Literalmente me impidieron el acceso a la entidad comarcal (...) Acudí día a día para que vieran que no faltaba a mi puesto de trabajo en el ejercicio de mis funciones", ha explicado Ania.

"Era desolador"

Entre recursos, suspensiones y otros decretos pudo acceder por fin a su despacho el 8 de noviembre de 2021. Pero allí no había ni ordenador. "Era desolador, aquello parecía el despacho de 'Cuéntame' porque seguía igual que cuando lo dejé en 2019. Era una foto fija de cuando lo dejé, como si no lo hubiera ocupado nadie, me parece que había un boli", ha descrito este mismo funcionario, cuyas manifestaciones han corroborado los guardias civiles que fueron testigos de todas las prohibiciones de acceso a la sede comarcal. "Nos dijeron que actuaban en delegación del presidente de la Comarca", ha sostenido uno de los agentes.

A lo largo de la vista también ha comparecido el por entonces director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, quien ha basado su comparecencia en reiterar que no recuerda todas las notificaciones "ni todos los nombramientos" de su mandato. "¿Usted no ha refrescado la memoria ni ha revisado la documentación?", le ha preguntado el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Ballestín. Y su tirón de orejas ha surtido efecto. "Un alcalde o presidente de Comarca no puede suspender de funciones, la competencia es de la Administración General del Estado", ha concluido Ibáñez, con quien ha coincidido la exdelegada del Gobierno en Aragón, la socialista y ahora eurodiputada Rosa Serrano, al afirmar que solicitaron a Ansón que anulara la suspensión de funciones tras "un previo informe jurídico propio". Pero hizo caso omiso.

Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita diez años de inhabilitación especial para desempeñar cualquier empleo o cargo público. Y Alejandro Aldea, el abogado defensor de Ansón y titular de Goya Abogados, ha solicitado su absolución al entender que el expresidente intentó proteger las pruebas de un presunto fraude (ya archivado) a la Administración Pública. Es una postura que solo ha defendido el secretario interino. "El señor Ansón no tuvo ninguna participación en ninguna documentación", ha manifestado Néstor Petriz.