Un funcionario se querella contra el exrector de la Universidad de Zaragoza por prevaricación

Un funcionario de la Universidad de Zaragoza se ha adherido a la querella interpuesta contra el exrector José Antonio Mayoral por un delito de prevaricación, aunque en esta ocasión lo hace el querellante al apreciar una práctica "arbitraria" e "injusta" en la designación de los puestos ocupados por comisión de servicio. En este escrito de adhesión a la querella, que se presentó el 4 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, se hace constar que desde la institución se eludió el procedimiento establecido y se buscó "una solución alternativa" para otorgar esos puestos a "la persona elegida". Y se recuerda, por ejemplo, la adjudicación de un puesto de bibliotecario especialista de la que se solicitó su anulación.

"En la Universidad de Zaragoza ha sido práctica constante durante el rectorado del señor Mayoral que para las personas que ya estaban trabajando, en las diferentes convocatorias para acceder a la estabilización profesional, en los servicios prestados en la Universidad de Zaragoza con vínculo de carácter laboral o temporal o como funcionario interino en la misma puntuaban 11 puntos por año mientras que si era en otras universidades públicas puntuaban 5,5 puntos por año, algo claramente discriminatorio y sin justificación alguna", recoge esta misma querella.

Acusación popular

Así lo defiende la abogada de este mismo funcionario, la letrada Sonia Calvete, quien ejerce la acción penal en calidad de acusación popular. Por eso en esta misma querella solicita que se interrogue a los querellados como investigados porque considera que se trata de una práctica "sentada", "reiterada" y "deliberadamente opaca". Y, desde julio de 2019 hasta la actualidad, cifra en 116 los puestos ocupados por comisión de servicios. "Esto es un claro ejemplo de que se elude el procedimiento establecido y se busca una situación alternativa para darle el puesto, digamos, a la persona elegida en comisión de servicio", sostiene Calvete.

A finales de septiembre, precisamente, el anterior director del Servicio Jurídico, Francisco Palomar, presentó una querella contra Mayoral y tres miembros de su equipo de gobierno por delitos de malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. En la querella que presentó el abogado Javier Bellot se aludió a un proceso de promoción interna, a unos premios de jubilación y a un pago fuera de plazo de las cuotas de la Seguridad Social.