La Audiencia Huesca revisará cada 6 meses los recursos económicos del asesino de Naiara

La Audiencia de Huesca ha acordado revisar cada seis meses los recursos económicos del asesino de la niña Naiara, torturada a los 8 años hasta la muerte en la localidad de Sabiñánigo por su tío político, que fue la primera persona en Aragón condenada a prisión permanente revisable, y al pago de indemnizaciones de 120.000 a la madre de la menor y de 30.000 a su padre biológico.

En una reciente diligencia en respuesta a un escrito de alegaciones del letrado de la acusación particular en nombre del padre de la niña, a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal oscense confirma la declaración de insolvencia del procesado que se dictó en diciembre de 2021, unos pocos meses después de declararse la firmeza de la condena.

Este letrado manifiesta en sus alegaciones que no se opone a la declaración del insolvencia del condenado, pero pide revisar su situación económica cada 6 meses, "al efecto de constatar si hubiese devenido o no en mejor fortuna".

En su diligencia de respuesta, la Audiencia de Huesca confirma la declaración de insolvencia ya emitida, pero acuerda al tiempo programar averiguaciones semestrales para verificar, manifiesta el escrito, "si el penado ha venido a mejor fortuna".

El Tribunal Supremo rechazó en agosto de 2021 el recurso interpuesto por el padre biológico de la niña para reclamar un aumento de la condena por maltrato al autor del asesinato, Iván P.P., y una indemnización igual a la establecida para la madre, y confirmó la condena.

Unos meses después, en octubre del mismo año, la Audiencia de Huesca dictó un auto para confirmar la sentencia de prisión permanente revisable para el autor del crimen, así como una pena de 2 años por malos tratos habituales a la abuelastra de la niña y a su padrastro, madre y hermano del asesino, respectivamente.

Naiara murió en la localidad oscense de Sabiñánigo en julio de 2017, tras unas torturas que se prolongaron durante horas por el procesado por no saberse las lecciones que le había ordenado estudiar.

La sentencia concluía que los castigos corporales impuestos a Naiara respondían a una forma de entender la educación "trasnochada, ampliamente superada, desproporcionada e injusta", y subrayaba que cuando ocurrieron los hechos "había terminado el curso escolar y la menor había superado los exámenes, por lo que no era indispensable en ese momento la recuperación y mejora en las materias escolares".