El alcalde de Aguarón (PSOE), sobre las firmas falsas que denuncia el PP: "Igual es que yo gano las elecciones y él no"

El polémico alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón (PSOE), se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza como presunto autor de un delito de falsedad documental. Es una acusación que la Fiscalía apuntala en cuatro documentos de una entidad municipal, Sociedad de Desarrollo de Aguarón SL, que se constituyó en 2006 para desarrollar un polígono industrial ('La Mata') en este municipio de la comarca Campo de Cariñena. Con un agujero de un millón de euros se decidió disolver en 2021 por su "nula" actividad y para ello se requirieron los cuatro certificados de aprobación de las cuentas desde 2016 hasta 2019, unos documentos en los que se puede leer la firma de Cucalón como presidente de la sociedad... y la de un secretario. Y es esta firma por la que se le acusa de falsear, por asemejarse a la de un secretario municipal (Luis Barbería) que se había jubilado en 2015.

Pero Cucalón ha negado que él estampara su firma en estos cuatro documentos, cuyas fechas coinciden con los cuatro ejercicios económicos en los que no se presentaron las cuentas de la sociedad según ha verbalizado el secretario municipal que relevó a Barbería. "Hay cosas que no coinciden con la realidad como esos cuatro certificados famosos que yo no he visto en mi vida (...) Por supuesto que no sé nada, nunca había visto esas certificaciones hasta que mi abogado me las enseñó en su despacho", ha defendido el alcalde de Aguarón sobre esos cuatro certificados, en los que aparece como presidente de la sociedad aunque este martes haya puntualizado que por aquel entonces, allá por el mes de marzo de 2021, ya no ejercía como alcalde. "Estuve un año que fui presidente de la sociedad porque nadie quería hacerse cargo", ha matizado Cucalón.

"Esto es imposible"

"Cuando me enseñaron esas firmas vi que la del secretario correspondía a Luis Barbería y esto es imposible", ha continuado el alcalde de Aguarón a preguntas de la fiscal Victoria Esponera. "Igual es que yo gano las elecciones y él no", le ha insinuado sobre el motivo de la denuncia. Y Luis Barbería, quien ejerciera como secretario municipal entre 1986 y 2017, ha manifestado que esa firma "se parece" a la suya. "Pero yo llevo diez años jubilado", se ha extrañado Barbería. Entonces, ¿cómo puede aparecer la firma de Barbería y de Cucalón en los cuatro documentos?

Por parte de la defensa encabezada por el abogado Juan Monclús consideran que son fruto de un complot, de un corta y pega, pues una perito caligráfica ha asegurado que son "exactamente iguales", lo que significa que "se ha hecho una composición" para reproducirla en los cuatro certificados. Por ello le ha insistido la fiscal, para conocer si puede existir un documento original que utilizara el alcalde para copiar y pegar ambas firmas. "No sé si primigeniamente existe un documento sobre el que se hubieran estampado las dos firmas", le ha contestado la perito. Y en ello sustenta su acusación la Fiscalía para solicitar la imposición de tres años de cárcel por un delito de falsedad documental además de dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Acusación popular

A esta petición de condena se suman otros cuatro años y seis meses de prisión por un delito de administración desleal, de acuerdo a la acusación popular que el abogado Alejandro Martínez ejerce en representación de Juan Carlos Bernal (PP), el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Aguarón. En su caso también se dirige contra José Luis Murcia, quien se ha sentado en el banquillo de los acusados como concejal del PSOE entre 2012 y 2019. "Esa firma no la he visto nunca hasta que me la enseñaron en el despacho de mi abogado. La firma no es mía", ha asegurado Murcia, asistido del abogado Diego Romero.

Han sido siete horas de un largo y complejo juicio en las que también se han debatido otras muchas cuestiones como las deudas que se generaron en las arcas de la Sociedad de Desarrollo de Aguarón SL. En total se acumuló una deuda de un millón de euros que los bancos cobraron con la ejecución de las parcelas que la sociedad había adquirido para levantar el polígono. Aún así es un montante que figuraba como existencias en el balance de la sociedad hasta prácticamente su disolución, por lo que se ha confrontado que respondiera a "un error contable" o que fuera intencionado para fingir solvencia.

Cámaras de Cuentas

Fueron unos números que intentó auditar un técnico de la Cámara de Cuentas, aunque no pudo llegar a ninguna conclusión según ha expuesto ante el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero. "No había libros de contabilidad porque no se nos suministraron, no había registros de facturas... Había grandes lagunas. Se hizo una delegación de opinión porque no se podía hacer nada con la información que había, ha lamentado el director de este mismo informe. "Las cuentas eran un desastre", ha refrendado un agente de la Guardia Civil.

En estos momentos, Cucalón tiene recurrida en el Tribunal Supremo una condena por acoso laboral al secretario y a la interventora de la Comarca, ya que el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza le impuso una pena de ocho meses de prisión y otros ocho meses de inhabilitación para ejercer un cargo público. Además de este pleito, la Fiscalía le denunció en el mes de octubre por irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.