Dos loteras confiesan una sisa de 23.000 euros en una administración de Zaragoza

Más de un año fue el tiempo en el que dos loteras de una administración de Zaragoza manipularon a su antojo el dinero de la caja registradora y de los pagos con tarjeta que se efectuaban en este establecimiento. Tanto es así que, entre los meses de enero y de octubre de 2023, las acusadas (I. A. E. y M. G. N.) fingieron entradas y salidas de caja y cobros bancarios que no se correspondían con los reales. Así que con esa diferencia sumaron muchos billetes hasta que su botín se había elevado a los 23.000 euros cuando la propietaria se dio cuenta de sus fechorías. Y por este delito de apropiación indebida en concurso medial con un delito de falsedad documental han aceptado ambas una pena de 21 meses de prisión en el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Estos han sido los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Francisco García Berenguer y los abogados defensores, Christian Anghel y Miguel Ángel Pérez. Se trata de una sentencia de conformidad que recoge la suspensión de la condena durante tres años a cambio de que las acusadas abonen 400 euros al mes para reintegrar los 23.000 euros. También deben abonar una multa de 810 euros a razón de tres euros diarios durante nueve meses.

"La gestión diaria"

Tanto I. A. E. como M. G. N. asumían "la gestión diaria" de la Administración, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía. El primero de sus movimientos tuvo lugar el 3 de enero de 2023, cuando las acusadas anotaron una salida de caja por importe de 10.600 euros a pesar de que la salida real había sido de 7.000. De esta forma actuaron también el 29 de abril, el 10 de mayo, el 18 de julio, y los días 9, 11 y 14 de octubre.

Con los extractos bancarios TPV hicieron lo mismo, "reflejando en dichos cuadres más cobros de los reales" por lo que el saldo final de la caja quedó disminuido en unos 20.000 euros. En total se generó un desequilibrio de 23.000 euros que descubrió la propietaria de la administración en el mes de octubre de 2023. Una de las acusadas causó baja voluntaria el 3 de noviembre y su compañera fue despedida el 29 de diciembre.

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