El prevaricador de Ansón (PSOE) pierde otro pleito en el Campo de Cariñena

José Luis Ansón Gómez no gana para disgustos. Quien fuera alcalde de Tosos y presidente de la comarca Campo de Cariñena bajo las siglas del PSOE acaba de sufrir otra derrota en los tribunales. A su reciente condena por prevaricación y una anterior por coacciones ha sumado otro revés de la Justicia, el mismo ente al que acostumbró a recurrir en su mandato como presidente comarcal para zanjar sus muchas desavenencias personales. Y es que la Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado en los últimos días la absolución de dos funcionarios y de dos consejeros a quienes acusaba Ansón de filtrar los presupuestos de 2020 a la prensa diaria aragonesa.

De esta forma el tribunal adscrito a la Sección Sexta ha ratificado la sentencia que hace unos meses dictó el Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza, cuya titular zanjó que no existía ninguna prueba del delito de revelación de secretos que denunciaba Ansón contra los cuatro acusados, defendidos por los abogados Luis Nivela e Isabel Nélida. Así lo zanjó la jueza en una sentencia fechada el 29 de septiembre de 2025, que ahora ha confirmado de forma íntegra el tribunal provincial cuando apenas han transcurrido unas pocas semanas desde que se le condenara por cesar a un secretario comarcal a sabiendas de que carecía de competencia.

Inhabilitación

Dicha sentencia recoge la inhabilitación para desempeñar un empleo o cargo público en los próximos nueve años, pues tenía "pleno conocimiento" de que no podía cesar al secretario. Es, de hecho, otro ejemplo de los muchos en los que Ansón se ha visto la cara en los tribunales contra los trabajadores comarcales, todos ellos absueltos de todos los procedimientos incoados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Daroca. Por eso estos afectados lamentan que ellos se hayan tenido que sufragar sus defensas cuando él lo hizo con fondos públicos según aseguran los mismos damnificados.

Entre este rosario de pleitos judiciales también le consta una condena por coaccionar a un consejero para que no participara en una moción de censura. Se trata de una multa de 900 euros por intentar salvar su cargo "con la finalidad última de obstaculizar la tramitación de la moción de censura" de acuerdo a la sentencia.