Una mujer acusa a su exmarido de dejarle un 'agujero' de 55.000 euros: "Yo no sabía que tenía deudas"

Una mujer pakistaní ha acusado este martes a su exmarido, Sharif P., de poner las fruterías que él regentaba a su nombre para evitar las deudas que se le iban acumulando en el negocio hasta generar un 'agujero' que rondaba los 55.000 euros. Lo ha hecho en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha quedado visto para sentencia el juicio que ha sentado en el banquillo de los acusados a este varón por delitos de administración desleal, estafa y falsedad documental. En su declaración ha negado los hechos y ha asegurado que la denunciante "sabía todo" y que "firmaba" todos los papeles aunque ella haya expuesto completamente lo contrario.

"Salí de casa a comisaría sin saber nada. Me enviaron a la Casa de la Mujer y una trabajadora social, Pilar, me ayudó para ir a la oficina del gestor (...) Busqué un trabajo para tener dinero y pagarme un abogado, pero cuando cobré mi primera nómina me le embargaron. Yo no sabía que tenía deudas", ha declarado esta misma mujer, una joven pakistaní a quien "casaron" con Sharif P. el 13 de mayo de 2011. Tras un breve paso por Valencia llegó a Zaragoza, donde el encausado impulsó un negocio de fruterías a nombre de la denunciante "sin ella saberlo" según consta en el escrito de la acusación particular.

"Tenía deudas"

A lo largo de la vista también ha comparecido el gestor, quien ha reconocido que el acusado le solicitó ese cambio de nombre porque "tenía deudas". "Siempre nos llamaba él", ha remachado este testigo sobre las consultas que el mismo acusado le hacía. Y también se denuncia que Sharif P. falsificó la firma de su mujer, tal y como ha expuesto una perito caligráfica. "Las discordancias son constantes y de bastante valor a nivel gramofónico", ha relatado esta perito ante el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por la magistrada Natividad Rapún, ante quien un agente adscrito a Policía Científica ha dicho todo lo contrario, que esas firmas "han sido realizadas" por la misma denunciante.

Por todo ello, la acusación particular a cargo de la abogada Esther Portero solicita penas que en su conjunto suman ocho años de cárcel, tres años de prisión por un delito de administración desleal, tres años de prisión por un delito de falsedad documental y dos años de prisión por un delito de estafa. El ministerio fiscal solicita su absolución al igual que la defensora de Sharif P. al entender que la acusación se sustenta "en sospechas". La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza.