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Cae una red de inmigración ilegal en Zaragoza: 18 detenidos tras falsos empadronamientos por 600 euros

La Policía desarticula una organización que facilitaba contratos de alquiler y recibos bancarios

Imagen de recurso de un agente adscrito a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), la sección que ha dirigido la investigación.

Imagen de recurso de un agente adscrito a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), la sección que ha dirigido la investigación. / EUROPA PRESS

Zaragoza

Importante operativo policial contra el favorecimiento de la inmigración ilegal en Zaragoza. La UCRIF ha detenido esta misma semana a 18 personas por su presunta participación en una red que, supuestamente, facilitaba contratos de alquiler a extranjeros a cambio de dinero además de recibos bancarios falsificados para empadronarles en viviendas de la capital aragonesa y de otras ciudades del país. Es una operación que todavía se encuentra bajo secreto de sumario aunque, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los investigadores sostienen que se cobraban hasta 600 euros por cada uno de los empadronamientos fraudulentos.

A los 18 detenidos se les imputan delitos de falsedad documental, de favorecimiento de la inmigración ilegal y de pertenencia a organización criminal. Y ayer pasaron a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, que dirige las pesquisas desde que el año pasado se comenzaran a realizar las primeras averiguaciones en el seno de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). Solo el líder, R. F. J. (España, 1985), y dos subordinados, J. L. R. F. (España, 1988) y J. G. A. (España, 1987), ingresaron en prisión mientras que el resto de los detenidos quedaron en libertad con cargos tras estar asistidos por los abogados Javier Elía, Javier Osés, Marina Ons y Olga Oseira, entre otros.

Red de colaboradores

Sobre dicha organización se reseña que consta de cuatro rangos, conseguidores, falsificadores, conductores y colaboradores, a quienes dirige R. F. J. desde lo más alto de la estructura. En su caso, por ejemplo, la Policía le atribuye la captación de colaboradores y de clientes, a quienes cobra entre 400 y 600 euros por la falsificación de los empadronamientos. Es un importe que en "buena parte" destina para su propio beneficio mientras que el resto lo destina al sueldo de sus colaboradores.

Entre ellos se encuentra una mujer que tiene encomendada la labor de conseguir las notas del Registro de la Propiedad, "de donde se obtienen los datos de los titulares de las viviendas" según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Por cada una de estas búsquedas, de hecho, recibe una contraprestación económica que se ha incrementado de forma considerable a lo largo de las últimas semanas al extenderse las búsquedas a otras comunidades autónomas.

Por debajo de ella se sitúa su expareja, J. L. R. F., quien falsificaba los documentos que se presentaban en el Ayuntamiento de Zaragoza y acompañaba a los extranjeros a las Juntas Municipales. También consta como falsificador J. G. A. al "materializar" todos los empadronamientos con programas informáticos que le permiten realizar las manipulaciones. Y luego existe un séquito de conductores, encargados del "transporte de los extranjeros de un lugar a otro para formalizar los empadronamientos", "gestionar la entrega, recogida y control de la documentación falsificada" y "obtención de la recaudación para su entrega". En el último nivel se distinguen otros tantos colaboradores.

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