Condenado por falsificar tres firmas en las listas del sindicato de Vox en Stellantis Figueruelas

Las elecciones sindicales que se celebraron en 2022 en la planta de Stellantis Figueruelas derivaron en un embrollo judicial a razón de la candidatura que presentó el sindicato Solidaridad, vinculado a Vox desde su fundación en 2020. En sus listas se incluyó a tres candidatos cuyas firmas simuló "de su puño y letra" un compañero, J. P. G., a pesar de que no contaba con el consentimiento ni la autorización de ninguno de ellos para incluirles en dicha candidatura. Así que ayer no le quedó otra opción que reconocer los hechos y aceptar una pena de seis meses de cárcel como autor de un delito de falsedad documental.

Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Claudia Melguizo y la defensa ejercida por Marco Antonio Navarro, y que también recoge el pago de una multa de 1.080 euros a razón de seis euros al día durante seis meses. Es una sentencia de conformidad que dictó in voce el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza, quien acordó la suspensión de la condena. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza.

Una candidatura "incompleta"

El 27 de julio de 2022 se promovieron elecciones sindicales para la elección del comité de empresa en la planta de Stellantis Figueruelas, por lo que cada sindicato estaba obligado a incluir 26 candidatos "conforme al número de trabajadores de la empresa según la normativa laboral" de acuerdo al escrito de acusación de la Fiscalía. El plazo para la presentación de las candidaturas finalizó el 13 de octubre, aunque solo una semana después se excluyó la candidatura presentada por el sindicato Solidaridad al encontrarse "incompleta".

Y es que se comprobó que tres candidatos fueron incorporados "sin su consentimiento" y "sin su conocimiento", pues no reconocieron como suya la firma que aparecía en la candidatura. El 7 de noviembre se desestimó la impugnación formulada por el mismo sindicato y se excluyó su candidatura por encontrarse incompleta. Desde entonces se abrió un periplo judicial para depurar responsabilidades tras la querella interpuesta por Stellantis Figueruelas, UGT, CCOO y los tres empleados cuyas firmas se falsificaron.

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