La consejera Susín reconoce problemas de "organización interna" en el centro de Juslibol

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha señalado este viernes que, tras el violento episodio vivido este jueves en el centro de reforma de menores de Juslibol, la prioridad por parte del Ejecutivo autonómico fue "paralizar el motín y proteger a los menores que no habían participado". Una vez sofocada ha dicho que se está trabajando "en una investigación interna" para conocer las razones exactas que desencadenaron la pelea multitudinaria, manteniendo la tesis de que se trató de un enfrentamiento "entre bandas latinas". Pese a todo, según una denuncia que se ha presentado contra la dirección del centro, pudiera ser que entre los instigadores se encontraran menores de origen marroquí.

Lo que sí ha reconocido la consejera es que el centro está atravesando una etapa de fallos estructurales y de organización, sobre todo desde que la empresa que los gestiona, FAIM, haya renunciado hasta en dos ocasiones a la gestión del mismo por las dificultades que entraña. Susín ha defendido que el nuevo contrato que ha quedado desierto está "bien dotado", admitiendo problemas relacionados con el "proyecto educativo y la organización interna". Para el departamento los fallos son "estructurales" y la consejera defiende que se han intentado solventar con más contrataciones, tanto en educadores como en vigilancia y seguridad.

En todo caso, la consejera ha indicado que el sistema autonómico de protección se encuentra en una situación de saturación que obliga a "mover a los menores de centro a centro", lo que termina afectando negativamente a aquellos adolescentes que sí tienen voluntad de integración.

Más allá del conflicto, Susín ha cargado contra una ley penal del menor que considera "inservible" ante "los nuevos perfiles violentos" a los que tienen que enfrentarse los trabajadores del sector. En su opinión, las personas que entran dentro del sistema de reforma, que cumplen su condena judicial en Juslibol incluso aunque cumplan la mayoría de edad son "muy violentos, agresivos y creen que son impunes". En este sentido ha señalado que cuando comenten una infracción "se les lleva a una comisaría y a las dos horas son devueltos a los centros porque la ley no da herramientas para poder intervenir, por eso piensan que esto les sale gratis", ha denunciado.

La consejera sostiene que ni la policía, ni jueces, ni fiscales, ni las propias comunidades cuentan con herramientas legales suficientes. Por ello, ha instado al Ministerio de la Infancia a que lleve la reforma de la ley al Congreso de los Diputados y deje de interferir "en la libertad de los padres respecto a la educación de sus hijos". En este sentido ha criticado la gestión de la ministra Sira Rego a la que ha acusado de estar hablando "más de Canal Roya, a pesar de ser valenciana, y no de sus competencias".