La gestora del centro de reforma de Juslibol donde ayer se amotinaron varios jóvenes renunció en diciembre a renovar la contrata
Los educadores denuncian que el modelo de colaboración público-privada del Gobierno de Aragón para estos recursos "está caducado" por "anteponer el ahorro al bienestar de los menores y al respeto por quienes les cuidan"

Exterior del centro de reforma de menores de Juslibol, este jueves en Zaragoza. / Jaime Galindo
La Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM) es la actual gestora del Centro de Educación e Internamiento de Menores por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol (Zaragoza) a pesar de no haber optado a la última renovación de la contrata y de haber intentado desvincularse del proyecto en al menos dos ocasiones. En este contexto, este jueves, las instalaciones vivieron uno de los episodios más tensos de su historia tras un enfrentamiento entre internos, educadores y agentes de la Policía Nacional que se saldó con una veintena de heridos.
Las dificultades del servicio que ofrece el centro quedaron de manifiesto el pasado 2 de noviembre, cuando la licitación presentada por el Gobierno de Aragón quedó desierta debido, principalmente, a la falta de incentivos económicos para las empresas de servicios sociales. En aquella ocasión, la consejería de Bienestar Social publicó una prórroga hasta el 29 de diciembre que, supuestamente, corregía las deficiencias financieras que hacían inviable el contrato en vigor (licitado y adjudicado por el anterior Ejecutivo). Dicho contrato se demostró "infradotado económicamente" desde su inicio, poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso.
Esta segunda licitación también quedó desierta. No obstante, dada la condición de servicio público del centro, FAIM se ha visto obligada a mantener la gestión a pesar de la ausencia de incentivos, una situación que ha contribuido a degradar las condiciones laborales. En el reformatorio, como se le conoce popularmente, se atiende a unos 40 menores internos, todos ellos con una condena judicial. Desde la Plataforma por un convenio autonómico de reforma juvenil han denunciado reiteradamente que el modelo de colaboración público-privada del Gobierno de Aragón para estos recursos "está caducado", al "anteponer el ahorro al bienestar de los menores y al respeto por quienes les cuidan".
La Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM) ha gestionado el reformatorio durante los últimos 20 años. El CEIMJ de Zaragoza es la única instalación de Aragón destinada a la ejecución de medidas impuestas por la autoridad judicial, lo que implica que en su interior se encuentren custodiados adolescentes de toda la comunidad.
Los miembros de la plataforma que agrupa a los trabajadores tienen prevista una reunión este viernes con la Delegación del Gobierno de España en Aragón para abordar los conflictos laborales actuales. En numerosas ocasiones han denunciado que "la falta de equipos y el desinterés administrativo" lastran el desarrollo de los programas de inserción que deberían ejecutarse en el centro.
De hecho, los profesionales sostienen que a menudo se encuentran "sin herramientas" para lidiar con los problemas de convivencia. "La falta de recursos provoca situaciones de violencia que afectan a todos los perfiles, algo que nos genera mucha impotencia, pues nos queda la sensación de que no podemos ofrecer lo que los menores necesitan", han reiterado.
Una 20% de la plantilla está de baja
La situación actual del centro resulta insostenible con cerca del 20% de la plantilla de baja, según indican desde el equipo de trabajadores. "Durante el último año se han acumulado muchas bajas. La gente está sometida a mucha presión, ha habido varios conflictos y cada son más los veteranos que han necesitado cogerse la baja", explican.
Cubrirlas no está resultándole nada sencillo a la dirección puesto que las condiciones laborales, denuncian, son muy mejorables, así que es complicado encontrar a profesionales formados y cualificados para trabajar con estos perfiles, aseguran.
El hecho de que haya más personal temporal que fijo está dificultando el desempeño de ciertas funciones para las que todavía no están preparados los nuevos contratos, "sobrecargando" a los pocos veteranos que siguen en activo.
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