El alcalde de Monterde (PP) acusado de 'pucherazo': "Este alcalde nunca ha pedido el voto a nadie y lleva 30 años"

El alcalde de Monterde, José Gracia Ruiz (PP), se ha sentado este miércoles en el banquillo tras acusarle un concejal de la oposición, Jorge Colás (PSOE), de alterar el censo con 14 nuevos electores que pudieron votar en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Son antiguos trabajadores de la cantera y cazadores (en su mayoría) quienes han explicado que se empadronaron varios años antes en este pequeño municipio de la comarca Comunidad de Calatayud para "pagar menos" por cazar en su demarcación. Y el alcalde, además, ha asegurado que no tiene "ninguna" relación con ninguno de ellos por lo que no hizo campaña para captar sus sufragios. "Este alcalde nunca ha pedido el voto a nadie y lleva 30 años", ha sentenciado Gracia en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

A preguntas de la fiscal, pues ha declinado someterse al interrogatorio de la acusación popular, el primer edil ha reconocido que "las únicas quejas" que ha recibido por esta misma cuestión han venido por parte de Jorge Colás. "Y le han contestado todas las instituciones ante las que ha denunciado, el Justicia de Aragón y el Juzgado de Calatayud. Está más que contestado", ha subrayado el alcalde de Monterde, quien sí que ha reconocido que en 2015 se llevó a cabo una "regularización" del censo electoral y que en 2024 hubo "problemas", "algunas cosas que cambiar" pero que estaban "intentando solucionar" de la mano del secretario del consistorio según ha puntualizado ante sus abogados, los penalistas Francisco García Berenguer y Enrique Trebolle.

"No han vivido nunca"

"No tienen ningún vínculo en el pueblo ni han vivido nunca. Desde que están empadronados nunca se les ha olvidado votar", ha expuesto el denunciante, a quien ha precedido la presidenta de la asociación 'Afectados por el alcalde de Monterde', María Pilar Lavilla, un "testigo de referencia" como le ha tildado el tribunal cuando se le ha ido preguntando por cada uno de los empadronamientos. "La asociación quiere defender los derechos del pueblo, por eso decidimos personarnos en el procedimiento", ha defendido sobre su personación en la causa.

Mucho han tenido que decir los mismos electores, aunque se han despachado de forma muy tajante para aclarar que su empadronamiento nada tiene que ver con un voto en favor del alcalde. En el caso de los cazadores, por ejemplo, han coincidido todos ellos en que les sale "más barato" cazar si se empadronan en Monterde o en su pedanía (Llumes). Y los trabajadores dela cantera han declarado que lo hicieron para "intentar sacar ese negocio adelante" cuando llegaron a este mismo municipio allá por 2014. "Teníamos un proyecto que requería que nosotros estuviéramos ahí", han recalcado por videconferencia desde Santander, donde residen actualmente. Por "dejadez" y "desidia", han dicho, no se desempadronaron.

"Una cuestión de bastante calado"

En el trámite de las cuestiones previas se ha planteado la falta de legitimidad de la asociación 'Perjudicados por el alcalde de Monterde' para ejercer la acusación popular, por lo que se ha solicitado el archivo de la causa porque el ministerio fiscal no ha formulado acusación contra el regidor. Y es que el denunciante, el concejal Jorge Colás, no se ha personado como acusación particular en el procedimiento. En cualquier caso, el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por el magistrado Alfonso Tello, ha considerado que es "una cuestión de bastante calado" que se resolverá en la sentencia junto al análisis de la prueba practicada en el plenario, que se ha prolongado unas cuatro horas y media desde que ha comenzado a las 10.00 horas.

La vista se reanudará el próximo lunes a las 10.00 horas con el trámite de los informes y el turno de la última palabra en favor del acusado. Por estos hechos, la acusación particular a cargo del abogado Eladio Mateo ha rebajado su petición de condena de tal forma que ahora solicita nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público por un delito de prevaricación. Y alternativamente ha planteado una condena de un año y tres meses de cárcel por un delito electoral.

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