Los vigilantes de seguridad denuncian que el centro de reforma de Zaragoza está "obsoleto" en materia de prevención
El sindicato SAS llevará el motín en Juslibol a los juzgados sobre todo al considerar que la agresión sufrida por uno de los trabajadores podría considerarse un "intento de homicidio"

Varias patrullas frente al centro de reforma de menores de Juslibol, la pasada semana tras el motín. / Jaime Galindo

"Lo que pasó ese día es la suma de muchos hechos pasados. Estamos en una situación de indefensión". Este es el balance que hacen los responsables de seguridad del centro de reforma de menores de Juslibol, en Zaragoza, tras el motín del pasado jueves cuando vivieron uno de los episodios más tensos de su historia tras un enfrentamiento entre internos, educadores y agentes de la Policía Nacional que se saldó con una veintena de heridos.
Desde el Sindicato Aragonés de Servicios (SAS) han trasladado su preocupación por estos hechos a la subdelegación del Gobierno de España y a la consejería de Bienestar Social del Gobierno de Aragón. El centro tiene 20 años y cuando se puso en marcha estaba en la vanguardia de este tipo de centros de atención judicial a los menores, pero ahora se encuentran con realidades muy diferentes a las que se planearon en ese momento. "Las instalaciones están obsoletas, necesitan una inversión importante para garantizar su buen funcionamiento", indica el secretario general del SAS, Emilio Martínez.
Estas "deficiencias" afectan tanto a las herramientas técnicas con las que trabajan como a las medidas de defensa de las que disponen para enfrentarse a una situación de crisis. Explican, por ejemplo, que el circuito cerrado de televisión con el que se vigilan las instalaciones presenta en la actualidad "ángulos muertos". Tampoco se encuentran en buenas condiciones los monitores de vigilancia.
Por otro lado, señalan que las medidas pasivas de seguridad tampoco están cumpliendo con su labor, pues los adolescentes se pueden escapar aprovechando su deterioro por el paso del tiempo. El último caso se ha producido esta misma semana. Piden además poder utilizar "medios de defensa" en el interior del centro para evitar agresiones, aplicando al mismo tiempo procedimientos más adecuados para separar a los menores que generan más incidentes.
También reclaman la presencia de representantes de la Policía Nacional adscrita al gobierno de Aragón en el centro, igual que sucede en otros edificios públicos. "Es una cuestión de inversión, de aplicar medidas técnicas de vigilancia, y de reorganizar la seguridad del centro", resumen.
"Una pelea entre menores"
Desde el sindicato confirman que el origen fue "una pelea entre menores" que se complicó, obligando a la intervención de la Policía Nacional. El balance desde el punto de vista de los profesionales de la seguridad fue de tres heridos, uno de ellos muy grave. Desde el sindicato aseguran que llevarán el caso a los juzgados sobre todo al considerar que la agresión sufrida podría considerarse un "intento de homicidio".
Además de las cuestiones materiales, desde SAS evidencian que en los últimos cinco años "ha aumentado la agresividad" porque se encuentran con "jóvenes organizados en bandas" que mantienen su jerarquía dentro del reformatorio, frente al tipo de delincuencia juvenil de los años noventa. En el interior en la actualidad cumplen condena adolescentes acusados de delitos de entidad, como homicidios o agresiones sexuales.
Los incidentes con los que se encuentran suelen estar relacionado con el contacto no autorizado entre módulos, arrastrando roces entre los jóvenes. Además existen complicaciones derivadas de las adiciones o de sus vínculos familiares. Y alertan de que en el interior "existe mucha droga" debido a la falta de protocolos útiles de registro en las personas que entran y salen. "Muchos de los problemas del centro derivan del modelo educativo que se aplica", manifiestan desde el SAS. Martínez recuerda que en el centro trabajan ocho vigilantes de seguridad por turno, es decir, ocho por la mañana y otros ocho por la tarde. Durante las noches la plantilla se reduce a tres personas. Normalmente tienen que garantizar la seguridad de entre 40 y 50 internos.
En cuanto al modelo educativo, consideran que es necesario que exista un responsable de seguridad que no dependa de la dirección del centro a la hora de tomar decisiones. También denuncian que no existen vigilantes con experiencia suficiente que sepa cómo regular las sanciones necesarias para mantener la disciplina. La empresa Serunión, a la que pertenecen los guardias, ha avanzado que se mejorará en algunos de los sistemas de protección personales. Pero la inquietud sigue presente en toda la instalación. "La plantilla no está bien, no están bien los educadores ni estamos bien nosotros", lamentan.
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