Sin dueño y con serio riesgo de derrumbe: los 57 inquilinos ya están reubicados en un nuevo hogar provisional

Los residentes del edificio de Caspe que permanecían en el inmueble ya están reubicados. A pesar de la negativa inicial, durante este mediodía se han producido las salidas voluntarias. El grave deterioro que presenta la estructura ha motivado el cambio de opinión tras haberse negado en un primer momento a abandonar las viviendas. En total, son 57 personas, entre ellas 23 menores.

Sin el requisito judicial, las autoridades no podían forzar el desalojo, pese a que el primer informe elaborado por el arquitecto municipal refleja que el riesgo de derrumbe es real. De hecho, no ha sido necesario que llegase la orden y todos han salido con sus enseres personales de un edificio que ahora mismo no tiene propietario.

El inmueble presenta un grave deterioro y, en la práctica, carece de un dueño que asuma su responsabilidad. El propietario falleció hace unos ocho meses y sus herederos no han aceptado la herencia. Si renuncian formalmente, la titularidad, incluido el coste del previsible derribo, recaería en el Gobierno de Aragón.

La situación en el edifico de Caspe es “compleja y afecta a muchas familias”, como ha relatado Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, al explicar que el Gobierno de Aragón ha acompañado al consistorio y a la Comarca ante un escenario que “supera a los pequeños ayuntamientos”.

“No hay nada peor que enterarte de la noche a la mañana de que tienes que abandonar tu casa”, ha explicado este viernes. Según ha detallado, desde el Ejecutivo autonómico se ha tendido la mano para que las familias hayan abandonado las viviendas poco a poco, con apoyo de los servicios sociales y con reubicación en nuevos espacios mientras no exista una solución definitiva, ya sea en el propio edificio o en otra alternativa habitacional.

Susín ha destacado también la coordinación para garantizar que los niños puedan seguir comiendo en sus colegios, algo que ya se ha hecho efectivo. En referencia a la presencia de personas migrantes, algunas en situación irregular, ha señalado que ha echado en falta el apoyo de la Delegación del Gobierno, aunque ha asegurado que la coordinación entre administraciones está permitiendo reubicar a todas las familias. “De lo que se trata es de garantizar la seguridad”, ha apuntado. Además, ha indicado que varias familias están en situación irregular. Estos afectados son personas llegadas de, al menos, 5 países distintos, como ha apuntado el Gobierno de Aragón.

Por su parte, la alcaldesa de Caspe, Ana María Jarque, ha añadido que durante la mañana se han habilitado espacios para alojar a las familias que están desalojando voluntariamente. Se han buscado dos alternativas: el Refugio de Santo Domingo y el refugio espiritual de las Hermanas de la Congregación de Santa Ana. Los servicios sociales han recopilado la documentación y se han facilitado bonos de comida, espacios seguros y medidas de conciliación para que los niños continúen con la mayor normalidad posible.

Jarque ha indicado que ahora es necesario esperar al informe técnico del edificio, solicitado de manera urgente al colegio de arquitectos. En función de ese dictamen se decidirán los siguientes pasos y si es posible regresar al inmueble.

Por último, el presidente de la Comarca, Javier Nicolás, ha relatado que se activó el plan de emergencia al ser conocedores de la situación y que los servicios sociales han atendido a todas las familias en las dependencias comarcales para garantizarles una habitación digna. “Tenemos una foto fija de las familias”, ha afirmado, destacando la rapidez en la coordinación y la actuación continua desde que se conoció la situación.

Informe del bloque

El siguiente paso es ahora determinar el estado exacto del inmueble. Desde el punto de vista técnico, tanto el ayuntamiento como el arquitecto municipal consideran que la rehabilitación sería prácticamente inviable. Si los informes confirman que el edificio no es recuperable, el Consistorio podría ordenar su derribo y reclamar posteriormente los costes a los herederos o, en su defecto, a la Administración competente.

Una vez desalojado el edificio, el consistorio caspolino se encuentra a la espera del informe solicitado al Colegio de Arquitectos. Una vez se conozca el alcance real de los desperfectos será el momento de analizar cuál será su futuro. De momento, las primeras valoraciones hablan de la necesidad de su derribo, dados los graves problemas de estructura que evidencia.

Los bajos del edificio están muy deteriorados, con humedades, sobre todo tras las lluvias de los últimos días, como informó el jueves la alcaldesa de Caspe, Ana María Jarque. El inmueble consta de cinco plantas y está ubicado en la calle Paseo Nuevo 8. La estructura presenta grietas de importante consideración y filtraciones de agua. 

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