Un hijo se enfrenta a cinco años de cárcel por una supuesta estafa a sus padres en Zaragoza

Un conflicto familiar ha llegado este miércoles a la Audiencia Provincial de Zaragoza. La Fiscalía solicita cinco años de prisión para un vecino de Zaragoza acusado de un delito continuado de estafa agravada, o subsidiariamente de apropiación indebida, por haber dispuesto presuntamente de más de 18.000 euros de la cuenta bancaria de sus padres, ambos de avanzada edad. La acusación particular eleva el perjuicio económico hasta casi 35.000 euros y reclama penas que suman cinco años y medio de cárcel. En este sentido, durante el juicio se ha incidido en la relación de confianza que mantiene con su progenitora: "Yo no tengo acceso a la cuenta de mi madre, no tengo tarjeta", ha afirmado el acusado ante la magistrada.

Según el Ministerio Público, el acusado regresó en octubre de 2023 al domicilio familiar tras años sin relación con sus progenitores, con el pretexto de cuidarles, pero con la intención real de obtener un beneficio económico mediante el control de su patrimonio. Tras su llegada se produjeron enfrentamientos con su padre, quien terminó abandonando la vivienda. Ante la posibilidad de que el hijo manejara las cuentas del matrimonio, el padre decidió retirar la mitad del dinero existente en la cuenta corriente y depositarlo en otra de su titularidad.

La Fiscalía sostiene que el acusado, aprovechándose de la confianza de su madre y de su situación de vulnerabilidad, presenta un deterioro cognitivo leve, movilidad reducida y tiene reconocido un grado de dependencia, logró que le otorgara un poder notarial con amplias facultades. Posteriormente, siempre en opinión de la acusación, la acompañó a una entidad bancaria para abrir una cuenta a nombre exclusivo de ella, a la que se transfirió lo que quedaba en la cuenta conjunta del matrimonio.

Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, el acusado habría realizado retiradas en cajeros automáticos y pagos injustificados hasta alcanzar, según el cálculo de la Fiscalía, 18.537,83 euros presuntamente destinados a su propio beneficio.

La acusación particular considera que el perjuicio es mayor. Sostiene que, dadas las limitaciones físicas y cognitivas de la madre, ella no realizaba operaciones en cajeros automáticos, por lo que las disposiciones de efectivo solo pudieron ser efectuadas por el acusado. Por ello, cifra el daño económico en torno a 35.000 euros y solicita condenas por estafa y apropiación indebida continuada.

En el juicio también han declarado una médica forense y una trabajadora social. La forense ha concluido que la madre, que no ha acudido al juicio por decisión propia, podría sufrir un leve deterioro cognitivo y que, debido a su elevada edad, podría necesitar ayuda para afrontar gestiones económicas. La trabajadora social, por su parte, ha matizado que, aunque podría existir un deterioro leve, la considera una mujer equilibrada y capaz de tomar sus propias decisiones.

La defensa, ejercida por el abogado Juan Piazuelo, rechaza la existencia de delito y enmarca el procedimiento en un conflicto familiar. Sostiene que la denuncia fue presentada por el padre, quien, según su versión, padece una demencia senil que le impediría comprender el alcance de sus actos, aunque no esté incapacitado judicialmente. Asimismo, subraya que el poder notarial se formalizó ante notario, quien dejó constancia de que el consentimiento fue libre y ajustado a la voluntad de la otorgante: "A mi madre se lo recomendó su abogado. Le comentó que era buena idea hacer un poder notarial y mi madre aceptó", ha relatado.

El acusado mantiene que fue su madre quien decidió abrir la nueva cuenta y que las retiradas de efectivo respondían a gastos cotidianos, médicos y honorarios profesionales abonados en metálico, negando haber actuado con engaño o ánimo de lucro. Además, ha incidido en que tiene "una buena solvencia económica propia".

Durante su declaración, el procesado ha incidido además en el delicado estado de salud en que se encontraba su madre cuando regresó al domicilio y ha asegurado que no tomaba la medicación necesaria, afirmando que su situación habría mejorado desde entonces.

El tribunal deberá determinar ahora si los movimientos de dinero respondieron a decisiones libres de la titular de la cuenta o si, por el contrario, existió un aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad con finalidad económica.

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