Fernando Samper (Forestalia) declara como testigo en una denuncia de Teruel Existe contra la alcaldesa de Mosqueruela

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, ha declarado este martes como testigo en el Juzgado de Teruel en una causa que investiga un presunto delito de prevaricación administrativa en el Ayuntamiento de Mosqueruela. La denuncia, presentada por Teruel Existe, señala a un contrato entre el consistorio de esta localidad turolense y una consultora de Cuenca.

La denuncia contra Alba Lucea, regidora del PSOE en Mosqueruela, señala la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal. Lo denunciado por Teruel Existe es la firma de un contrato presuntamente irregular con una asesoría de Cuenca. Este compromiso fue rubricado en 2023 por la alcaldesa, para que esta firma conquense ofreciese servicios de asesoramiento jurídico.

El juez abrió diligencias el pasado mes de enero tras la denuncia presentada por Teruel Existe en el juzgado contra Alba Lucea, alcaldesa de Mosqueruela, por la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Los hechos que motivaron la denuncia se remontan a 2023 cuando en la localidad de Mosqueruela se planteaba la puesta en marcha de diversos proyectos de energías renovables dentro del denominado Clúster del Maestrazgo.

El objeto de la denuncia presenta es la firma de un contrato entre el consistorio y Servicios Tributarios de la Administración Local SL, la consultora de Cuenca mencionada. Se firmó en noviembre de 2023 y, según los denunciantes, hay "irregularidades e ilegalidades" porque la contratación se hizo sin licitación ni procedimiento abierto o expediente de contratación. Tampoco hubo una consignación presupuestaria previa. Los denunciantes señalan que tras la adjudicación hubo que hacer "artificios presupuestarios" para dar cobertura a esos gastos.

Teruel Existe, entidad que ha presentado la denuncia, alude en su escrito a "la ilegalidad del contrato" también por haberse aprobado por decreto de la alcaldesa. Consideran que debería haberse llevado al pleno del ayuntamiento.

Además de a Samper, el magistrado titular de la plaza 1 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, ha tomado declaración a Joaquín Gargallo, concejal en el Ayuntamiento de Mosqueruela, y a Laura Gimeno, secretaria-interventora en el consistorio.

La abogada de Teruel Existe, Dorinda Aventín, ha explicado que las diligencias judiciales se centran en un contrato de asesoramiento jurídico firmado por la alcaldesa, vinculado a los proyectos de energías renovables en el municipio. La denuncia sostiene que la empresa recibiría un 15% de los ingresos que el Ayuntamiento recaudara por los impuestos derivados de estos proyectos.

Aventín ha incidido en que el contrato “se forjado al margen de la ley de contratación del sector público y con absoluta grosería respecto a las reglas de contratación que toda administración pública tiene que guardar y preservar”. “Este contrato a su vez ha dado lugar a la reclamación por parte de la empresa de una primera factura que asciende a 104.000 euros y se considera que no está ni justificado sus trabajos ni se considera que deba ser abonada”, ha agregado.

El contrato, inicialmente fechado en 2021, tenía un importe de 14.999,99 euros, justo por debajo del límite legal para contratación directa, y posteriormente se firmó otro contrato en 2023 con la misma asesoría, al que corresponde una factura de 105.000 euros.

Al término de la sesión el concejal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Mosqueruela, Joaquín Gargallo, ha explicado que "desde septiembre percibimos que este contrato carecía de fundamentos y podía ser considerado nulo. Estamos ante un contrato ilegal y corresponde ahora dilucidar las responsabilidades que puedan derivarse", ha declarado, resaltando que "un cargo público debe cumplir con el mandato del juramento que se hace al asumir un cargo público, hacer cumplir la Constitución".

En la misma nota de prensa, Teruel l presidente de Forestalia, Fernando Samper, ha declarado como testigo, desvinculándose del contrato y mostrando desconocimiento sobre los detalles de la asesoría y la alcaldesa, aunque ha reconocido reuniones con alcaldes de municipios afectados por los proyectos.