Teruel Existe afirma que la alcaldesa de Mosqueruela ha admitido la ilegalidad de un contrato para la gestión de ingresos de las energías renovables

La declaración judicial de la alcaldesa de Mosqueruela (Teruel), Alba Lucea, dentro de la causa que investiga posibles delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, ha dejado, según la acusación particular, el reconocimiento de que el contrato investigado no se ajustó a la legalidad.

La regidora ha acudido a sede judicial para prestar declaración en calidad de investigada en el marco de las diligencias abiertas por este caso, donde no ha realizado declaraciones a los medios de comunicación que esperaban a las puertas del juzgado.

Quien sí ha atendido a los periodistas ha sido Dorinda Aventin, abogada de Teruel Existe y representante de la acusación particular en el procedimiento. La letrada ha explicado que la investigada no ha respondido a las preguntas formuladas por su parte y se ha limitado a contestar a las del juez y a las de su propio abogado, que además comparte defensa con la empresa Forestalia en el procedimiento principal. Aventin ha señalado que durante la declaración la propia alcaldesa ha reconocido la ilegalidad del contrato que firmó el ayuntamiento con una empresa encargada de gestionar determinados ingresos relacionados con proyectos energéticos en el municipio.

Según ha indicado, se trata de un contrato que no se tramitó dentro del marco de la Ley de Contratos del Sector Público y cuya nulidad ya ha sido reconocida por el propio ayuntamiento en vía administrativa. La abogada también ha indicado que, a juicio de la acusación, la investigada no ha aclarado por qué el contrato firmado en 2023 no se publicó en el portal de transparencia municipal, a diferencia de otro acuerdo previo firmado en 2021 por un importe de 14.999 euros.

Según ha explicado, ese nuevo contrato fijaba una comisión vinculada a los ingresos municipales con un límite máximo cercano a los 750.000 euros. El procedimiento continúa ahora con nuevas diligencias, entre ellas, la declaración de la otra parte firmante del contrato y el análisis de documentación requerida por el juzgado.

El Consejo Consultivo de Aragón ha emitido un dictamen esta semana en el que plantea "declarar nulo" el contrato firmado entre el Ayuntamiento de Mosqueruela y la consultora de Cuenca. El consejo señala, a lo largo de una veintena de páginas, los argumentos para decretar esta nulidad y critica los procedimientos seguidos, así como el alto precio de la factura emitida, por unos 100.000 euros, por parte del consistorio.