La Guardia Civil considera que Lobera reorganizó la cúpula del Inaga para "neutralizar el criterio técnico" en los estudios de nuevas energías renovables

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil centra su investigación en Aragón en el Inaga, el organismo ambiental que ha tenido un papel importante en el desarrollo de las energías renovables en la comunidad. Con Forestalia en el centro de la investigación, la Guardia Civil también está vigilando el protagonismo de Jesús Lobera, exdirector del instituto hasta 2023. Las primeras pesquisas del Instituto Armado recogen que el ex alto cargo reorganizó la Secretaría General para poner a una persona de confianza alineada con sus respuestas a los promotores de energías renovables.

En el sumario del caso, la Benemérita considera que "la estructura jerárquica" del Inaga cuenta con un director general -Jesús Lobera- y un secretario general -Andrés Medina, desde el nombramiento de Lobera-. Del primero se dice que es "la figura central" en las acusaciones de haber presionado a otros funcionarios.

Por otro lado, varios testigos afirman que Medina fue "la persona designada como responsable de todos los proyectos de renovables". Y también aseguran que tenía "criterios técnicos muy limitados en cuanto a la evaluación ambiental". Los testimonios, de funcionarios del Inaga, ligan esa falta de conocimiento a la formación como veterinario, profesión en la que también estaba especializado Jesús Lobera.

La Guardia Civil cuenta en sus informes que "para eludir los controles técnicos", Lobera habría "reorganizado" las competencias en el seno del Inaga "de forma anómala". La UCOMA constata en sus escritos que Medina era "el único responsable de todos los proyectos de renovables" y apartó a otra funcionaria de esa función. La reorganización se enmarcó en una instrucción de noviembre de 2021 que se hizo en busca de "la máxima celeridad".

El informe de la Guardia Civil considera que aquella reorganización no fueron "ajustes administrativos rutinarios, sino parte de una estrategia para neutralizar el criterio técnico". Los agentes ponen como ejemplo el cese de un funcionario, que presentó "un criterio técnico desfavorable respecto a proyectos del grupo Forestalia y a la contratación de consultoras externas" y sufrió "la remoción" de sus funciones en el análisis de la implantación de energías renovables en Aragón.

El cambio que padeció este trabajador público es interpretado por la UCOMA como "una represalia directa por su negativa a ceder a la presión" que tanto él, como otros funcionarios del Inaga, denunciaron haber sufrido por parte de Lobera. "El nombramiento de Andrés Medina y la reasignación de otra funcionaria consolidaron este desmantelamiento deliberado de los controles internos", asevera el análisis de la Guardia Civil.

El gran volumen de tramitaciones, la mayoría sobre energías renovables, fue un problema denunciado entonces y posteriormente, tanto en rueda de prensa como en la comisión de investigación en las Cortes de Aragón, por altos responsables del Inaga. Lobera, en esa comisión, afirmó que llegó a "implorar" un mayor número de efectivos en el organismo que dirigía. Sin aumentar la cantidad de funcionarios, el Gobierno de Aragón, entonces presidido por Javier Lambán, decidió apoyarse en consultoras privadas que hicieran informes. Un hecho polémico y que esta semana ha denunciado la Cámara de Cuentas, por las condiciones en que se dio: en 2022, el Inaga suprimió la obligación de declarar cualquier vínculo "personal" con los promotores de las renovables.

La Cámara de Cuentas tampoco comparte la reorganización

Si bien es cierto que la Guardia Civil ha puesto el ojo de su investigación en Aragón en el Inaga, el organismo ambiental tampoco sale bien parado cuando el juez es otra institución. La Cámara de Cuentas de la comunidad autónoma ha publicado esta semana el informe de fiscalización del instituto en los ejercicios 2022 y 2023. Y la organización de la Secretaría General, la reestructuración de todos los equipos de funcionarios o los criterios para asignar informes a consultoras externas son algunos de los puntos más relevantes en el estudio realizado por el organismo que preside Jesús María Royo.

Para la Cámara de Cuentas, "no consta motivación que justifique la pérdida de confianza en el funcionario que venía prestando servicios como secretario general del INAGA hasta el mes de mayo de 2022". Andrés Medina, la mano derecha de Lobera en su último año al frente del instituto, se incorporó a la Secretaría General en el mes de junio de ese año 2022. Así, la Cámara de Cuentas explica que solo el BOA recoge información sobre el cese y que un mes antes, en abril, se informó al consejo de dirección, pero "en dicha acta tampoco constan las razones que lo motiven".

Lobera también utilizó esa reunión para proponer al consejo de dirección del Inaga que el nuevo secretario general tuviera competencia para tramitar los expedientes de energías renovables, incluidas las líneas de evacuación. La Cámara de Cuentas asegura que "dichas competencias trascienden las ordinarias que se exigen a cualquiera de los secretarios/as generales en los organismos públicos de comunidad autónoma, y no se han añadido a ese puesto específico dentro de la relación de puestos de trabajo aprobada meses después".

Y en marzo de 2023, el director propuso cesar a los responsables de las dos áreas del Inaga (montes, caza y pesca y medio ambiente industrial) y reorganizar las unidades dependientes. "Si bien el consejo aceptó por mayoría los cambios propuestos, se emitieron cinco votos particulares en contra y una abstención señalando, entre otros aspectos, falta de información suficiente que justificase la razonabilidad de estos cambios y su adecuación a las normas de modificación de las relaciones de puestos de trabajo", recuerda la Cámara de Cuentas, que insiste en que no ha habido modificación de esos puestos desde entonces.

Al organismo fiscalizador tampoco le gusta cómo se relacionaba el Inaga con las consultoras externas o con Sarga, entidades contratadas para hacer frente al "colapso" que vivía el instituto ambiental. En una muestra de 45, la Cámara de Cuentas detecta que en "25 expedientes no constan las declaraciones de compatibilidad firmadas por el técnico de Sarga o de la consultora que efectúa la revisión del expediente". En 2022, el Inaga eliminó la necesidad de que las empresas y las personas mostraron si había alguna "vinculación profesional o personal" que les relacionase con las promotoras de renovables.

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