La exalcaldesa de Aranda de Moncayo paga 17.730 euros a la sociedad de cazadores tras prevaricar con el coto

La exalcaldesa de Aranda de Moncayo, María del Rosario Cabrera Ruiz (PSOE), ha abonado a lo largo de las últimas semanas los 17.730 euros que todavía adeudaba a la sociedad de cazadores 'El Perdigal' por la adjudicación irregular del coto de caza a una sociedad representada por su marido, su hijo y su cuñado. Y lo ha hecho cuando ya han transcurrido casi cinco años desde que el Tribunal Supremo confirmara el fallo que en el mes de febrero de 2019 había dictado la Audiencia Provincial de Zaragoza, una sentencia que condenó a la exregidora a nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público como autora de un delito de prevaricación.

Es una indemnización que Cabrera depositó en las arcas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por lo que se libró mandamiento para que estos 17.730 euros se transfirieran a la cuenta bancaria de la sociedad de cazadores 'El Perdigal', la cual está representada por el abogado Álvaro de Lasala. Así se hizo el pasado miércoles día 26 de marzo, un año y medio después de que este mismo tribunal firmara una diligencia de ordenación para averiguar los bienes de la exregidora de este municipio zaragozano. Porque, en el mes de agosto de 2024, todavía no había hecho frente a sus obligaciones legales.

Delito de prevaricación

Y es que la sentencia le impuso una indemnización de 17.730 euros una vez que se le condenó por un delito de prevaricación al mismo tiempo que se le absolvió de un delito de malversación y de un delito de negociaciones prohibidas. En esta misma resolución se hizo constar que el Ayuntamiento de Aranda de Moncayo no publicó debidamente el pliego de licitación a la hora de adjudicar la explotación del coto de caza. Fue una "decisión arbitraria" de la por entonces alcaldesa que incluso se tumbó en la vía contencioso-administrativa a través de una sentencia.

Tanto es así que Cabrera se negó a volver a licitar la explotación de la finca cinegética, una "actitud de obstrucción sistemática y prolongada en el tiempo" según valoró el tribunal sentenciador. Y el adjudicatario resultó ser una sociedad que no estaba al corriente de pagos a la Seguridad Social más aún cuando su junta directiva estaba encabezada por marido, un hijo y un cuñado. Para más inri se contaba con informe del secretario municipal en el que se advertía de que el concurso debía quedar desierto.

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