La Plataforma de los Paisajes de Teruel pide paralizar las centrales fotovoltaicas de Forestalia en Andorra

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha remitido al Ayuntamiento de Andorra un escrito solicitando la suspensión de las centrales fotovoltaicas proyectadas en dicho municipio por Forestalia, y traspasadas a BRUC, cuyo inicio de obras se ha publicitado como inminente en los últimos días.

En concreto, hace referencia a las plantas denominadas Mudejar I, Encuentro, Gargallo I, Illio III, San Pedro, Sedeis II, III y VI, y Tolocha I, han indicado desde la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel en una nota de prensa.

Tras un estudio exhaustivo de las licencias concedidas por el ayuntamiento y de las distintas resoluciones formuladas sobre esos proyectos fotovoltaicos por el Gobierno de Aragón, la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel cree haber identificado irregularidades significativas que deberían suspender cualquier actividad relacionada con los citados proyectos.

El primer elemento a destacar es que las licencias municipales fueron concedidas un año antes de que se produjera la publicación en el BOA de las autorizaciones de la Dirección General de Energía y Minas. Es el equivalente a conceder licencia para una obra particular sin haber presentado un proyecto visado.

A ello se añade que las autorizaciones del Gobierno de Aragón no se corresponden con el proyecto aprobado por el consistorio, ya que contemplan una modificación posterior que afecta a los vértices del vallado y a la tipología de los módulos fotovoltaicos.

Además, en algunos de los proyectos, como Ilio III, Sedeis II y Sedeis VI se publicó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) meses después de la concesión de las licencias municipales. Estas tienen que incorporar el contenido ambiental de la declaración, lo que implica, lógica y necesariamente, que deben ser posteriores.

"No cabe otorgar los permisos municipales condicionados a la obtención de la DIA, ya que sería como conceder una licencia de obras sujeta a que el informe del arquitecto municipal sea favorable, cuando ese informe es el que determina la obtención de la licencia", han subrayado.

La tramitación de estas centrales de Forestalia se ve salpicada por el escándalo de la empresa promotora, que presuntamente obtuvo las autorizaciones ambientales de sus proyectos de forma corrupta. Las irregularidades, han recalcado desde la Plataforma de los Paisajes de Teruel, han quedado acreditadas por la diligencia que realizó la funcionaria que tenía asignada la evaluación ambiental de las plantas fotovoltaicas.

"Dejó constancia de cómo la tramitación de informes pasó de la empresa pública SARGA a una empresa privada participada por cargos vinculados a partidos políticos y que había trabajado para Forestalia con anterioridad", han expresado.

Para argumentar que este hecho quedó en evidencia en la Comisión sobre las renovables celebrada en las Cortes de Aragón, "por cierto, sin consecuencias", aunque "cualquier persona que vea en un mapa la ubicación de las centrales se dará cuenta, sin lugar a dudas, de que se trata de un único proyecto fragmentado de forma artificial para ser tramitado por el Gobierno de Aragón y el Inaga, hecho que ayudaría a explicar las presuntas irregularidades en su evaluación ambiental".

Los nueve parques, aunque vallados, forman un continuo y tienen una única línea de evacuación y subestación eléctrica, y son propiedad de la misma empresa promotora: Forestalia.

Incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana

Por último, han reseñado el posible incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pues tras la concesión de las licencias municipales la Comisión de Urbanismo "hizo varias anotaciones y requerimientos para dar cumplimiento a la posible ocupación de suelo no urbanizable especial, siendo este señalamiento de 9 de junio de 2023, es decir, seis meses después de haber concedido las licencias".

A juicio de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, estos argumentos "son causa suficiente para solicitar que el Ayuntamiento suspenda estas licencias y todas las acciones derivadas de las mismas".

Han precisado que el Consistorio "no puede excusarse en motivaciones económicas ni convertir en rehenes conceptos como el desarrollo o la industrialización, porque plantean un falso dilema y porque no existe ningún bien que se derive de la corrupción".