El juez del caso Forestalia reclama más información al Gobierno de Aragón, al Inaga y a Sarga

El juez instructor del caso Forestalia, Juan José Cortés, quiere seguir investigando la supuesta comisión de varios delitos por parte de la energética aragonesa. Cortés ha comunicado este martes, a través de una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la presentación de una instancia en la que reclama más información al Gobierno de Aragón, al Inaga, a Sarga y a Tragasatec sobre personas y documentos relacionados con la expansión de la empresa fundada y propiedad de Fernando Samper.

Cortés requiere a la Secretaria General Técnica de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón información sobre la fecha de cese de Ana Cristina Fraile, jefa de gabinete de Alfredo Boné durante su etapa al frente de este departamento. La investigación incluye la venta de Athmos Sostenibilidad, la consultora sobre energía que fundaron tres exaltos cargos del PAR (Boné, Luis Marruedo y Fraile) y que vendieron a Samper por cuatro millones de euros. Esta petición incluye conocer el nombramiento y cese de Alberto P. F., esposo de Fraile y que fue jefe del Área Técnica IV de Gestión de Información del Inaga.

Al instituto ambiental le solicita "los criterios utilizados para la asignación de los expedientes" del Clúster del Maestrazgo a "consultoras y asistencias técnicas externas a la entidad". Cortés también pide información sobre qué consultoras han trabajdo para el Inaga, los contratos licitados para estas tareas, las declaraciones de compatibilidad, las atribuciones técnicas a cada área del Inaga y los encargos del instituto a Sarga. También, las actas del Consejo de Dirección del Inaga entre 2015 y 2024, años que centran la investigación del juez.

A la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), le solicita le informe de los encargos de ejecución recibidos del INAGA en relación con los expedientes de proyectos de energía eólica del denominado Clúster del Maestrazgo, así como las declaraciones de compatibilidad o conflicto de interés con la entidad promotora realizados por los técnicos de SARGA que emitieron informes de consultoría ambiental.

Igualmente pide a la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios (TRAGSATEC) que informe los encargos de ejecución recibidos del INAGA referidos a proyectos de energía eólica del denominado Clúster del Maestrazgo. Documentación e información, toda ella, relacionada con un total 20 parques eólicos y una decena de empresas promotoras. Contra este auto se puede interponer, ante el mismo Tribunal de Instancia, Recurso de Reforma en el plazo de tres días.

Cortés ha hecho público este movimiento el mismo día en el que, también a través de un comunicado de prensa, ha dado a conocer su rechazo al recurso de Fernando Samper, defendido por el penalista zaragozano Enrique Trebolle, que solicitaba el archivo de la causa por haberse excedido los tiempos o la paralización hasta la resolución de unos contenciosos administrativos que la energética tiene en Madrid. Cortés ha defendido los plazos, la defensión de las partes y ha asegurado que lo conocido era "la punta del iceberg", razón por la que continúa investigando hasta dónde llegó la supuesta trama vinculada a Forestalia.