Los viajes extraescolares, a debate: entre el valor académico y el riesgo laboral

El debate ha saltado de los pasillos a los claustros. La decisión de juzgar a dos profesores del IES Ítaca por la muerte del alumno Mario Conesa en un viaje a Bélgica en 2022 ha abierto una grieta en los centros educativos aragoneses: la continuidad de las actividades extraescolares ya no se da por hecha. La Audiencia Nacional les juzgará por un delito de homicidio imprudente al acusarles los familiares del difunto de abandonarle en la habitación de un hotel en Hasselt cuando sufría una indisposición.

Algunos institutos han movido ya ficha. El CPI Val de la Atalaya, en María de Huerva, ha decidido cancelar «todas las actividades extraescolares y complementarias» previstas para lo que queda de curso, salvo las ya pagadas. La medida, adoptada en el claustro del 21 de abril y respaldada por el consejo escolar, deja en el aire incluso la programación del próximo año. Antes ya lo había hecho el propio Ítaca, y en los días siguientes se sumaron otros centros como el IES Picarral, Ramón y Cajal o Benjamín Jarnés. Al menos cinco han optado por frenar.

El argumento es común: parar y pensar. «Consideramos necesario abrir un periodo de reflexión profundo», señalaban desde el Val de la Atalaya, poniendo el foco en las responsabilidades que asume el profesorado y, sobre todo, en la cobertura legal de la que dispone. ¿Seguirán las salidas extraescolares tal y como se conocen?

Los profesores se sienten desprotegidos

En las salas de profesores, la conversación es menos formal y más cruda. «Es más que nada la normativa, que no nos protege si nos vamos de viaje con los chicos», resume una docente que prefiere mantener el anonimato. Su relato pone cifras emocionales a una realidad que, hasta ahora, muchos asumían como parte del oficio. «Muchas veces lo hacemos para que el alumnado pueda acceder a actividades como la nieve o la semana blanca, o a intercambios culturales. Sin nosotros, muchos no irían. Vamos de manera desinteresada».

Pero ese compromiso, sostiene esta docente de instituto, tiene un reverso cada vez más difícil de asumir. «No tenemos cobertura legal ni jurídica de ningún tipo. El desamparo es evidente. Y más cuando ves a compañeros en un proceso judicial que ya de por sí es duro. Lo estarán pasando mal por lo que ocurrió y, además, tienen que afrontar un juicio».

La idea de que un accidente pueda acabar en los tribunales ha cambiado la percepción. «Que a un alumno tuyo le pase algo y acabar en un proceso judicial es una carga muy difícil. No merece la pena. Aunque la normativa diga que debe haber extraescolares, ni está remunerado ni estamos protegidos», lamenta. «Aunque haya una absolución, te marca de por vida», añade.

El desgaste no es solo legal, también personal. «Hay mucha responsabilidad, muchas horas, dejas a tu familia en casa… y muchas veces ese esfuerzo no se ve». Por eso, cada vez más voces plantean un punto de inflexión: «Sería conveniente plantarnos hasta que haya una regulación clara».

En su caso, la decisión está tomada. «Me voy a limitar a mi horario. Mientras no estemos respaldados jurídicamente, no voy a ir a ninguna excursión más. Ni semana blanca ni actividades de la Red Natural de Aragón. Esto va a marcar un antes y un después».

La formación de los alumnados pierde

Esa reflexión también ha llegado a los departamentos de orientación. Una docente de un instituto zaragozano pone el foco en el impacto humano del caso: «Es una gran desgracia, un fallecimiento totalmente accidental. Todo el apoyo a la familia, no me puedo ni imaginar lo que estarán pasando». Pero, al mismo tiempo, admite que lo ocurrido ha obligado a mirar de frente una realidad incómoda: «La única parte positiva es la reflexión que se está haciendo sobre una responsabilidad que asumimos de forma voluntaria».

Insiste en ese matiz: nadie está obligado. «Los docentes no tenemos ninguna obligación de acompañar al alumnado en estas actividades, sea un Erasmus, un viaje de fin de curso o una salida cultural. Lo hacemos con buena fe, porque aportan un valor añadido al aprendizaje», apunta. Sin embargo, ese compromiso choca con la sensación de desamparo: «Cuando pasa algo así, la desprotección es evidente. Los compañeros están muy expuestos, también al juicio de la opinión pública, que está siendo muy duro».

En su centro, reconoce, el debate no es nuevo, pero sí se ha intensificado. «Esa responsabilidad siempre ha estado ahí, poco reconocida. Ahora se ven los riesgos añadidos. Nosotros no hemos parado las actividades, pero sí estamos revisándolo todo». Y lanza una advertencia sobre las consecuencias: «Si se paralizan, el alumnado pierde una oportunidad muy valiosa. No solo hablamos de viajes, también de experiencias educativas como intercambios o visitas culturales. Todo eso tiene un peso enorme en su formación».

Denuncia sindical de un marco regulatorio

Los sindicatos comparten el diagnóstico. «La realidad es que la responsabilidad es del docente. Aunque en algunos casos la asuma el equipo directivo, quien está allí es el profesor», explican desde CSIF. A su juicio, el problema de fondo es claro: «Vas con la generosidad de acompañar a tus alumnos, como adulto responsable, pero sin una normativa que te respalde».

Desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) van un paso más allá y reclaman un marco específico. «La situación del profesorado en actividades extraescolares y viajes de estudios es de desprotección», denuncian. También advierten de una tendencia preocupante: «Se están trasladando al profesorado responsabilidades impropias por la ausencia de una regulación clara».

Por su parte, CCOO Aragón lanzó una recogida de firmas a través de change.org para sumar apoyos en busca de una legislación que fije un marco normativo para las actividades fuera del centro. «Los docentes asumen riesgos penales y jornadas de 24 horas sin regulación», lamentan. Además, exige al mismo tiempo «una mesa de negociación inmediata».

El alumnado sale perjudicado

Las familias, por su parte, piden equilibrio. Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR) respaldan que se refuercen las condiciones de seguridad, pero rechazan la suspensión generalizada. «No compartimos la llamada a cancelar las actividades, porque a quienes perjudica es al alumnado», señalan. A su juicio, las extraescolares son «fundamentales en el desarrollo integral» y, en muchos casos, la única vía para acceder a determinadas experiencias. «Son voluntarias, sí, pero forman parte del aprendizaje. Lo que hay que hacer es garantizar que se realicen con todas las medidas necesarias».

La dirección no puede obligar a viajar

En medio de este escenario, los equipos directivos intentan gestionar una situación que no controlan del todo. «Es una decisión voluntaria. Como directores no podemos obligar a nadie a hacer una actividad extraescolar», explican desde Adiaragón. La consecuencia es una respuesta desigual: «Si hay departamentos que deciden cancelarlas, hay que respetarlo».

Las circunstancias jurídicas

Desde el ámbito jurídico, el análisis introduce matices. La abogada Belén Rodríguez Valero, del despacho Valero Bielsa Abogados, subraya que «este tipo de casos exige siempre un análisis muy concreto de las circunstancias». Recuerda que los centros educativos, a través del profesorado, «tienen el deber de vigilancia de sus alumnos, pero trabajan con menores, especialmente adolescentes, cuyo comportamiento puede ser imprevisible, lo que en la práctica genera cierta inseguridad sobre el alcance de su responsabilidad».

Además, aclara un punto clave: «La responsabilidad civil no recae, con carácter general, directamente sobre el profesor, sino sobre el centro educativo, conforme al artículo 1903 del Código Civil. Es el titular del centro, en principio, quien responde por los daños producidos bajo la supervisión del profesorado».

En estos supuestos, añade, «es el centro quien debe acreditar que actuó con la diligencia debida, ponderándose por el juez si se cumplió con el estándar de diligencia exigible». El problema es que «mientras en algunos casos la falta de diligencia es evidente, en otros la línea entre lo inevitable y lo negligente resulta mucho más difícil de determinar».

La clave jurídica, concluye, «es si el menor estaba bajo el control o vigilancia del personal del centro en una actividad escolar, extraescolar o complementaria, y si existió o no la diligencia exigible en la supervisión y prevención del daño».

Las explicaciones del Gobierno de Aragón

Fuentes del gobierno explican que los docentes asumen voluntariamente ir a estas actividades, para las que aseguran que no hay regulación en ninguna comunidad autónoma. Según señalan, es por eso por lo que hay "muchos centros" que desde hace años, antes del suceso del IES Ítaca, contratan a monitores o cuentan con el refuerzo de los padres para estas salidas extraescolares.

Según informan, en estos casos los profesores están cubiertos por seguro de responsabilidad civil, como extensión del aula que es. Sin embargo, estas pólizas no cubren posibles negligencias graves, que es lo que ahora la Audiencia Nacional va a aclarar si es produjo o no en el caso del IES Ítaca.

Con todo, desde el Departamento de Educación indican que el Gobierno de Aragón se prestó ayuda jurídica a los docentes del IES Ítaca "hasta que ya no se pudo porque había conflicto de intereses", como se realiza en todos los casos. Desde la consejería señalan que la DGA asumió su responsabilidad patrimonial e indemnizó a la familia, que se reunió en su momento con la consejera del ramo, Tomasa Hernández.

Las mismas fuentes exponen que concurrió un lamentable e inexcusable funcionamiento anormal de los servicios públicos educativos y que se desatendió el deber de cuidar de los alumnos, algunos de ellos menores de edad, y que se pidió disculpas por ello. Esta es la razón por la cual la familia no pide una responsabilidad civil y ha decidido actuar contra lo penal.

Con todo, la incertidumbre permanece. La continuidad de excursiones, viajes o intercambios queda en manos de cada centro, de cada departamento e incluso de cada profesor. Lo que hasta ahora era rutina se ha convertido en dilema. Y, de fondo, una pregunta que recorre los claustros: cuánto riesgo está dispuesto a asumir cada profesor.

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