Fernando Samper pide la anulación de casi todo el caso Forestalia

La defensa de Fernando Samper, el empresario aragonés que fundó Forestalia, sigue intentando que se pare o anule el caso que investiga la presuntra trama corrupta que habría favorecido a la expansión de la empresa de energía verde. En esta ocasión, los penalistas Enrique Trebolle y Francisco García Berenguer, que defienden a Samper, han solicitado la anulación de varias decenas de archivos vinculados a la investigación. Una medida que deja ahora en manos de Juan José Cortés, juez instructor de la causa, el futuro y alcance de la investigación sobre Forestalia.

La defensa de Samper se ampara en el informe de Blanqueo de Capitales que hace tan solo unos días el juez tuvo que anular. Lo hizo tras la advertencia del propio Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) que recordó al magistrado que "los informes de inteligencia financiera no tienen valor probatorio y no pueden ser incorporados directamente a las diligencias judiciales y administrativas".

El informe del Sepblac se centraba en la compraventa de la empresa Athmos Sostenibilidad, fundada por tres ex altos cargos vinculados al Partido Aragonés, y por la que Fernando Samper habría pagado cuatro millones de euros. En ese informe, ya eliminado de la causa de la investigación, se señalaba que esa cantidad era unos 400.000 euros superior a lo acordado previamente.

Según la defensa del empresario aragonés, sin ese informe de Blanqueo de Capitales "no hubiera podido existir el atestado Ucoma AC.109 y sin este tampoco existiría el atestado que está en el AC.193". Trebolle y García Berenguer consideran que esos informes, de haber existido, no lo habrían hecho en la forma en la que se conocen en la actualidad: "La única certeza es que ese informe motiva estos atestados, y que las diligencias de entrada y registro aparecen como una derivación-ampliación del primero de los atestados".

Samper señala también la petición de más documentación al Gobierno de Aragón y al Inaga, pero destaca que la documentación del Clúster del Maestrazgo se debe reclamar al Miteco, organismo que tramitó aquellos permisos. Entre los más de 50 documentos que la defensa de Samper pide cancelar, incluye el interrotagorio de la Guardia Civil a los trabajadores del Ministerio de Transición Ecológica, una conversación con una decena de funcionarios que sirvió para construir el relato y afinar algunos de los informes, en especial sobre la vida privada de los presuntos implicados.

Ahora Juan José Cortés, juez instructor del caso, debe estudiar las alegaciones presentadas por la defensa de Samper en la que se solicita la anulación del grueso de la investigación. En la lista de documentos se incluyen desde el propio informe del Sepblac hasta las solicitudes de entrada y registro a las sedes de Forestalia, la casa de Samper o domicilios a nombres de algunas de las personas presuntamente implicadas en la trama.

La defensa de Samper habla de "eliminación y expulsión inmediata" de la causa de todos esos archivos, después de explicar una a una las razones que argumentan para que estos estudios y análisis sean borrados del objeto de investigación. Algunos de los documentos a los que se alude tiene fecha de inicio hace dos años, cuando la investigación contra Forestalia comenzó a dar sus primeros pasos.

El juez será ahora quien decida cuánta razón tiene la defensa de Samper y cómo actuar tras esta solicitud. Hace solo unas semanas rechazó la paralización o archivo de documentos que tanto Samper como los hermanos Pérez Águeda habían solicitado, aunque con otros argumentos. Entonces Cortés se mostró proclive a continuar con la investigación de todo el caso Forestalia, tanto el apartado medioambiental como la presunta trama vinculada al desarrollo energético de la empresa aragonesa.