Suspendido el juicio por el rapto de un bebé en Zaragoza a una madre de Ibiza por incomparecencia de un abogado

La incomparecencia de uno de los abogados ha obligado a suspender la vista previa del juicio por el rapto de un bebé a una madre de Ibiza, programada para este jueves a las 9.30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. Una vista que se celebraba más de tres años después de los hechos, que ocurrieron el 13 de octubre de 2022 cerca de las siete de la tarde en el aparcamiento del Monasterio de Piedra, en Nuévalos (Zaragoza).

El secuestro de un bebé de 13 meses a una madre de Ibiza se resolvió en menos de 24 horas y los investigadores consideraron fruto de un plan organizado en el entorno familiar del menor. La Fiscalía solicitaba siete años de prisión para el principal acusado por detención ilegal y maltrato, cinco años para el segundo procesado y dos años para el tercero, acusado de encubrimiento por haber facilitado medios para dificultar o evitar la localización del menor.

La madre, una joven de 28 años natural de Ibiza y embarazada de seis meses, se encontraba junto a su familia cuando fue abordada por su expareja, padre del bebé, y por el abuelo paterno. Ambos le arrebataron al niño por la fuerza tras un violento forcejeo. Los dos hombres abordaron por la espalda a la madre y, ante la negativa de la mujer a entregar al bebé, que iba sujeto en su carrito, el padre del niño se abalanzó sobre ella, provocando que ambos cayeran al suelo. Mientras tanto, el abuelo del menor presuntamente agarró a la mujer por el cuello y golpeó su cabeza contra el suelo varias veces, llegando a abofetear y golpear también a las otras tres familiares que intentaban proteger al pequeño.

La alerta la dio la prima de la madre a través del 112 SOS Aragón. Una de las acompañantes grabó la escena, una prueba clave para la investigación. El menor sufrió rasguños y lesiones en un brazo por la fuerza empleada para quitárselo a su madre, mientras que la mujer tuvo que ser asistida en un centro hospitalario por un ataque de ansiedad.

Los raptores huyeron en un Tuareg Verde

La Guardia Civil supo desde el primer momento quiénes eran los presuntos autores, así como la matrícula y las características del vehículo en el que huyeron: un Volkswagen Tuareg de color verde. Las cámaras de la Dirección General de Tráfico, los posicionamientos de telefonía y el vídeo grabado por una acompañante facilitaron la investigación. El caso fue enmarcado desde el inicio por la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza como un episodio de violencia machista. La Benemérita activó, junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil de Madrid, un amplio dispositivo de búsqueda, al conocerse que el padre podía residir en la Comunidad de Madrid.

Las pesquisas condujeron a los agentes hasta una vivienda de Parla, en la calle Monte Tabor. Allí fueron localizados el bebé, su padre, D. P. G., de 28 años; el abuelo paterno, G. P. G., de 67; y un amigo de la familia, M. A. C. G., de 34 años, propietario del piso. El menor fue recuperado en buen estado y devuelto a su madre.

Tras pasar a disposición judicial, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Calatayud acordó la prisión provisional para el padre. El abuelo paterno también ingresó en prisión, mientras que el tercer detenido quedó en libertad como cooperador necesario, al ser en su vivienda donde se refugiaron hasta que fueron localizados.

El secuestro no fue improvisado

La investigación posterior apuntó a que el secuestro no fue improvisado. Según la Guardia Civil, el padre y el abuelo se habían desplazado a Zaragoza tras conocer la ubicación de la madre y el bebé por una publicación en redes sociales. Pese a la falta de plazas hoteleras por las fiestas del Pilar, consiguieron alojarse en dos lugares distintos antes de cometer el rapto.

Después huyeron hacia Madrid evitando carreteras principales para no ser identificados por las cámaras de tráfico. En Parla contaban con una infraestructura para ocultarse: una vivienda, un garaje, otro vehículo y un teléfono móvil adquirido exclusivamente para hablar del niño. El amigo de la familia habría proporcionado alojamiento y medios para ocultar a los autores materiales durante un periodo indeterminado. Los investigadores situaron a la abuela paterna como presunta ideóloga del plan. Según la Guardia Civil, habría aportado apoyo económico para el cuidado del bebé y mantenido informado a un abogado que, aunque no fue imputado, habría asesorado a la familia.

La investigación también señaló que un hermano del padre, que no fue detenido, iba a editar y manipular un vídeo grabado por el abuelo durante el secuestro para intentar hacer ver que la madre había montado un espectáculo tras arrepentirse de dejar al niño con su padre.

Ya había intentado raptar al bebé meses antes

La madre había denunciado amenazas, coacciones y malos tratos. Según su relato, el padre había enviado mensajes de WhatsApp a amigos y familiares de la mujer, había conseguido geolocalizar su móvil mediante un supuesto mensaje de phishing, la persiguió en moto el 17 de agosto y el 19 de agosto ya habría intentado un secuestro parental en una calle de Ibiza.

La Guardia Civil llegó a temer por la vida del menor ante la posibilidad de que el rapto tuviera como finalidad la violencia vicaria. De hecho, el capitán Rojas, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, reconoció que habían puesto "toda la carne en el asador" y activado todas las unidades posibles de todos los cuerpos posibles para rescatar al menor cuanto antes.

Finalmente, tras la investigación, al padre se le atribuyeron delitos de pertenencia a grupo criminal, sustracción parental de menor de edad, violencia de género y lesiones graves; al abuelo, pertenencia a grupo criminal, sustracción parental y lesiones graves; y a la abuela y al amigo de la familia, pertenencia a grupo criminal y sustracción parental.

Además de las penas de prisión por el secuestro, en el apartado de responsabilidad civil, la acusación reclama que el padre y el abuelo indemnicen de forma solidaria a la madre con 684 euros. Asimismo, el progenitor deberá abonar otros 555 euros al menor por las lesiones sufridas, mientras que el abuelo tendrá que indemnizar a la abuela materna con 259 euros por los siete días de perjuicio básico que le ocasionaron sus ataques.

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