El juez del caso Forestalia avala unas diligencias solicitadas por Vox que Samper pidió nulas

El magistrado que instruye el caso Forestalia ha avalado la práctica de unas diligencias contra las que Fernando Samper y los hermanos Pérez Águeda habían presentado un recurso de nulidad, precisamente, una serie de informaciones que el juez ha requerido al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, al Inaga, a Sarga y a Tragsatec. Son unas diligencias que solicitó la acusación popular de Vox y que adoptó el juez instructor en un auto fechado el 19 de abril, las cuales acaba de refrendar en otro auto dictado el 9 de mayo al considerar que la información obtenida "con base" al informe del SEPBLAC es válida.

Al Departamento de Medio Ambiente y Turismo, por ejemplo, se le había requerido para informar de la fecha de cese de Ana Cristina Fraile como jefa de gabinete del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y de la fecha de nombramiento y cese de su marido, Alberto Pavón Freire, como jefe del Área Técnica IV de Gestión de la Información del Inaga. Al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental también se le había requerido cierta información sobre los expedientes del Clúster del Maestrazgo: los criterios para asignar los expedientes a consultoras, cuáles fueron estas consultoras externas, los contratos licitados o las declaraciones de compatibilidad, entre otras.

A Sarga y Tragsatec

A la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga) le solicitó los encargos de ejecución recibidos del Inaga en relación con los expedientes de proyectos de energía eólica del denominado Clúster del Maestrazgo, así como las declaraciones de compatibilidad o conflicto de interés con la entidad promotora realizados por los técnicos de Sarga que emitieron informes de consultoría ambiental. Igualmente pidió a la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec) que informara de los encargos de ejecución recibidos del Inaga referidos a proyectos de energía eólica del denominado Clúster del Maestrazgo. Documentación e información, toda ella, relacionada con un total 20 parques eólicos y una decena de empresas promotoras.

En este último auto, además, el juez instructor recuerda que, "por criterio de prudencia y por no afectar a la buena marcha de la instrucción", no informará de la eventual inhibición de la causa hasta que se resuelvan todas las incidencias procesales. "Una vez resueltas en el sentido que sea, quede senado el procedimiento para la eventual inhibición a la plaza de Instrucción que se entienda competente", expone.

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