El Consejo Consultivo de Aragón aprecia un “funcionamiento defectuoso” en la muerte del alumno del IES Ítaca en Bélgica

La muerte de un alumno del IES Ítaca durante un viaje Erasmus a Bélgica ha puesto sobre la mesa un debate que existe desde hace años. No es nuevo, pero el caso, que llevará a dos docentes al banquillo de los acusados por un delito penal, lo ha puesto en el foco mediático. El futuro de las actividades extraescolares y los viajes organizados por institutos y colegios está en el aire. En este sentido, el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón que analizó el suceso concluyó que existió un “funcionamiento defectuoso del servicio educativo” en relación con el fallecimiento del estudiante.

En las páginas del informe, al que ha accedido El Periódico de Aragón, se consideró que procedía estimar la reclamación presentada por la familia al apreciar “una relación directa entre el funcionamiento del servicio y el daño producido”.

El dictamen 152/2024, emitido dentro del expediente de responsabilidad patrimonial tramitado por el Gobierno de Aragón, habla de un “lamentable e inexcusable funcionamiento anormal de los servicios públicos educativos”, especialmente en lo referente al deber de vigilancia, atención y custodia que correspondía a los dos profesores responsables del viaje.

El documento recuerda además que, según el criterio de los tribunales, los progenitores delegan temporalmente en los centros educativos la protección y el cuidado de sus hijos mientras permanecen bajo su responsabilidad.

Como consecuencia de esta resolución, el Departamento de Educación debe indemnizar a los familiares del menor con 227.854,11 euros, aunque el propio informe reconoce que no existe crédito presupuestario suficiente en la partida destinada a este tipo de pagos.

La vía administrativa discurre en paralelo a la causa penal impulsada por la familia, que continúa reclamando responsabilidades a los docentes encargados del viaje formativo celebrado en Bélgica en marzo de 2022.

El contenido del dictamen hace mella en la comunidad educativa aragonesa. Durante las últimas semanas varios institutos han suspendido excursiones, intercambios y viajes de estudios ante el temor creciente entre el profesorado a asumir responsabilidades civiles o penales derivadas de cualquier incidente ocurrido fuera del aula.

Detrás de muchas de esas cancelaciones existe una preocupación compartida en los claustros: la sensación de que los docentes afrontan una elevada carga de responsabilidad jurídica durante actividades que, en muchas ocasiones, se desarrollan fuera del horario lectivo y requieren supervisión constante de menores durante varios días.

El caso del alumno del IES Ítaca se ha convertido en una referencia inevitable dentro de ese debate. Sindicatos docentes y equipos directivos llevan semanas advirtiendo de la necesidad de revisar protocolos, delimitar responsabilidades y reforzar la cobertura jurídica del profesorado para evitar que desaparezcan actividades que consideran esenciales desde el punto de vista educativo y social.

El debate continúa abierto entre quienes defienden mantener este tipo de actividades por su valor educativo y quienes reclaman mayores garantías y más respaldo institucional para los docentes encargados de acompañar y custodiar a los alumnos fuera del centro escolar.

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