El juez ve un delito de administración desleal en las 'artimañas' de un administrador de fincas de Calatayud

El juez Álvaro Sáez acaba de cerrar la instrucción del procedimiento abierto contra un administrador de fincas, A. R. M., y su mujer, M. J. E., por su presunto enriquecimiento a costa de 72 comunidades de vecinos de Calatayud (57), donde tiene su sede la empresa, y de otros municipios de la zona como Illueca (7), Brea de Aragón (2), Ariza (1), Terrer (1), Nuévalos (1), Sabiñán (1) o Paracuellos del Jiloca (1). Y lo ha hecho por un delito continuado de administración desleal en concurso con un delito de apropiación indebida del que, eso sí, ha exonerado a la compañía: Fincas Bílbilis SL. Por eso ha dado un plazo de diez días a las partes, al ministerio fiscal, a los perjudicados y a los investigados, para que sus representantes formulen sendos escritos de acusación y de defensa.

Así consta en el auto dictado hoy por el titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calatayud, en el cual el magistrado expone el modus operandi de A. R. M., "siempre presuntamente" ya que el asunto todavía no ha sido enjuiciado. En este sentido, de las diligencias practicas hasta la fecha, el juez explica que A. R. M. realizó "múltiples retiradas" de dinero en efectivo de las cuentas bancarias de las comunidades que él administraba, que emitió y cobró "múltiples cheques bancarios" sin justificación económica y que ordenó transferencias o domiciliaciones con cargo a estas mismas cuentas.

El 'modus operandi'

Al respecto de estas últimas transferencias, en el auto se desgranan tres modalidades: el cobro duplicado de honorarios, la domiciliación de gastos particulares o la realización de transferencias entre comunidades. Según el informe de la Policía, el perjuicio económico asciende a 1.141.00 euros, aunque el investigado, representado por el penalista zaragozano Francisco García Berenguer, ya ha depositado 306.000 euros en las arcas del Juzgado.

"Siempre presuntamente, A. R. M. desvió dinero procedente de las cuentas bancarias de las comunidades de propietarios por él administradas y lo incorporó a su patrimonio", recoge el auto. Y al igual que el magistrado ha dictado este auto por un delito de administración desleal en concurso con un delito de apropiación indebida, sí que ha exonerado a los dos investigados de un delito de insolvencias punibles y de otro de falsedad documental. Además, se ha desestimado una pericial contable propuesta por las acusaciones.

Suscríbete para seguir leyendo