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La tragedia que conmocionó al barrio Oliver de Zaragoza: 18 puñaladas, 16 pastillas de Viagra y una confesión

La madrugada del 4 de julio de 2005, un jubilado con problemas mentales acabó con la vida de su esposa en el barrio Oliver y trató de suicidarse sin éxito ingiriendo medicamentos

Un policía nacional escolta al detenido, en una imagen de archivo.

Un policía nacional escolta al detenido, en una imagen de archivo. / Ángel de Castro

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Zaragoza

La madrugada del 4 de julio de 2005 dejó una de esas historias que hoy siguen presentes en la memoria de muchos vecinos del barrio Oliver de Zaragoza. Nadie escuchó gritos. Nadie oyó una discusión. Todo ocurrió en el interior de una vivienda de la calle de La Victoria, donde una pareja llevaba más de tres décadas compartiendo su vida. Es parte de la crónica negra de Aragón.

El crimen dejó una profunda huella. No solo por la violencia de los hechos, sino porque derrumbó la imagen que el barrio tenía de una pareja que parecía vivir una existencia tranquila. Detrás de la puerta, una enfermedad mental grave había ido avanzando durante años hasta desembocar en una tragedia que nadie en el barrio fue capaz de imaginar.

Aquella mañana, a las 8.45 horas, Ceferino, de 68 años, entró en el cuartel de la Policía de Barrio de Oliver y confesó que acababa de matar a su esposa. Los agentes acudieron a la vivienda y encontraron sin vida a María del Carmen, de 66 años. Había recibido 18 puñaladas mientras dormía.

La noticia provocó una enorme conmoción en el barrio. Los vecinos se negaban a creerlo. Muchos describían a Ceferino como una persona «tranquila, amable y muy religiosa». Era un hombre conocido por acudir a misa a diario y por llevar una vida discreta junto a su mujer, con quien convivía desde hacía 36 años. Quienes les trataban hablaban de ellos como una pareja modélica.

Sin embargo, detrás de esa apariencia cotidiana se escondía una larga enfermedad mental. Ceferino se había jubilado dos años antes de la empresa Hispano Carrocera y, según explicaron vecinos y familiares, desde entonces había ido cambiando. Cada vez salía menos de casa, se mostraba reservado y apenas mantenía conversaciones. También recibía tratamiento médico por problemas depresivos que se habían agravado con el paso del tiempo.

Las investigaciones del Grupo de Delitos Violentos permitieron reconstruir lo sucedido. Días antes del crimen había comprado un cuchillo de grandes dimensiones, similar a un machete, que ocultó bajo la almohada. Durante la madrugada se levantó de la cama y, al regresar a la habitación, atacó a su mujer. La víctima intentó defenderse, como demostraban las heridas halladas en una mano y en un brazo, pero no pudo evitar el fatal desenlace.

Después del asesinato intentó quitarse la vida. Según se supo posteriormente durante el juicio, ingirió 16 pastillas de Viagra y 30 comprimidos de Trankimazin. Sin embargo, la mezcla no tuvo el efecto que buscaba. Horas más tarde se dirigió por su propio pie a dependencias policiales para entregarse.

Momento en el que se llevaban el cuerpo sin vida de la víctima.

Momento en el que se llevaban el cuerpo sin vida de la víctima. / Rogelio Allepuz

El proceso judicial, celebrado en mayo de 2006 en la Audiencia Provincial de Zaragoza, puso el foco en el estado mental del acusado. Psiquiatras, forenses y especialistas coincidieron en que padecía un trastorno delirante crónico muy avanzado. Vivía convencido de que su esposa le era infiel con un vecino del edificio y de que todo el mundo conocía esa supuesta situación y se burlaba de él.

Los expertos explicaron que aquellas creencias no eran simples sospechas ni celos. Para él constituían una realidad absoluta. Su enfermedad le había llevado a construir un mundo propio, ajeno a los hechos reales. De hecho, los médicos aseguraron que ni siquiera era plenamente consciente de que estaba siendo juzgado.

Enajenación mental

La psiquiatra que le había tratado durante años recordó que el deterioro de su estado se había agravado en 2003. Ya entonces había protagonizado episodios preocupantes que hicieron saltar las alarmas. Los especialistas sostuvieron que el acusado había perdido la capacidad de comprender la realidad y de actuar libremente.

Con estas conclusiones sobre la mesa, la Fiscalía, la acusación y la defensa coincidieron en considerar que existía una eximente completa por enajenación mental. El jurado popular tardó menos de una hora en emitir un veredicto unánime de no culpabilidad.

La sentencia ordenó su ingreso en un hospital psiquiátrico penitenciario. Los médicos defendieron que necesitaba tratamiento farmacológico permanente y supervisión especializada durante el resto de su vida. Finalmente fue trasladado a Foncalent, entonces único hospital psiquiátrico penitenciario en España.

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