Aragón podría perder el turno de oficio en el 2030: "La situación es crítica"

El Consejo General de la Abogacía Española ha advertido este martes que seis comunidades autónomas españolas podrían afrontar una situación crítica para garantizar el turno de oficio en 2030 si sigue la tendencia de debilitamiento de este servicio al contar cada vez con menos abogados inscritos en el mismo, una situación que sería grave en Aragón.

Así se desprende de un informe elaborado por la abogacía española con motivo del día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se celebra el próximo día 12. El mismo concluye que si sigue la tendencia actual dicha "situación crítica" se alcanzará en 2030 en las comunidades de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y La Rioja así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Añade que la situación sería grave en Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Canarias y Aragón y moderada en Andalucía, Murcia, Navarra y Cantabria. El consejo advierte de que el progresivo descenso de profesionales y el aumento de la demanda amenaza la sostenibilidad de un servicio esencial para garantizar el derecho de defensa. Y destaca que mientras Madrid y Cataluña concentrarán casi la mitad del censo nacional de abogados en 2030 la pérdida de profesionales se agravará en buena parte del territorio, ampliando la brecha en el acceso a la justicia.

"No se trata de un problema que aparezca de un día para otro, es más bien una tendencia que lleva años consolidándose", destaca el informe. Concreta que desde 2020 el turno de oficio ha perdido más de 6.400 abogados, un descenso del 14,1% que ha reducido el número de profesionales adscritos a 38.871 actuales, y si nada cambia en 2030 quedarían menos de 33.000 abogados prestando este servicio en toda España.

En Aragón se calcula que existen unos 800 abogados que desempeñan estas funciones y según denuncian en la profesión son los que reciben menores retribuciones de todo el conjunto.

El estudio pone de manifiesto que mientras disminuyen quienes prestan el servicio la necesidad de justicia gratuita no deja de crecer. Las proyecciones del informe estiman que la carga media pasará de 28 asuntos por abogado en 2025 a casi 45 en 2030, un incremento cercano al 60%. Solo durante 2025 las solicitudes de asistencia jurídica gratuita aumentaron un 1,7%o hasta superar los 1,15 millones.

Cada una de ellas, cuya tramitación corresponde a los 83 colegios de la Abogacía, ya sea por solicitud directa del ciudadano o por remisión de los órganos judiciales, supone la designación de al menos un abogado del turno de oficio. Ante este escenario el Consejo General de la Abogacía Española considera imprescindible adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del servicio.

El estudio plantea avanzar en una revisión del sistema de retribuciones, impulsar incentivos que favorezcan la incorporación de nuevos profesionales al turno de oficio, especialmente en los territorios con mayores dificultades, y desarrollar políticas que aseguren el relevo generacional y una cobertura suficiente en toda España.

Al respecto el presidente del Consejo, Salvador González, señala en un comunicado que "el turno de oficio es uno de los mayores exponentes del compromiso social de la abogacía y uno de los pilares que hacen efectivo el derecho de defensa en nuestro país".

"Pero ningún servicio público puede sostenerse indefinidamente sobre el esfuerzo y la vocación de quienes lo prestan y treinta años después la ley de Asistencia Jurídica Gratuita necesita una reforma que garantice su futuro con unos baremos actualizados y una financiación acorde con la realidad actual", añade. Aclara que no se habla solo de mejorar las condiciones de los profesionales "sino también de proteger un servicio esencial para todos los ciudadanos".