José Javier Salvador, el hombre que mató a su mujer en La Puebla de Híjar y a su abogada

A última hora de la tarde del 22 de mayo de 2003, la candidata a la alcaldía de La Puebla de Híjar, Patricia Maurel Conté, fue asesinada por su marido, José Javier Salvador Calvo, al descerrajarle once tiros junto a una acequia en el Camino de Samper. Esa misma noche se entregó en el hospital de Teruel, fue detenido, condenado a 18 años de cárcel y a principios de la década de 2010, en 2011, accedió al tercer grado y comenzó a disfrutar de los primeros permisos hasta que su abogada, Rebeca Santamaría, logró en 2016 que se le concediera la libertad condicional. Pero solo tres años después, el 17 de enero, José Javier Calvo Salvador –se cambió el orden de los apellidos– acabó con la vida de la letrada y se suicidó en Teruel, donde se lanzó al vacío desde un viaducto.

Lo hizo sobre las 00.20 horas, justo cuando una patrulla de la Policía Nacional le había visto caminar por el viaducto. Y, al acercarse a él, se arrojó al vacío. Entre sus pertenencias no encontraron ningún documento de identificación, pero las huellas revelaron que se trataba del mismo varón a quien se relacionaba con una comunicación policial por desaparición. Unas horas después, a las 04.00, la Policía halló el cadáver de Rebeca Santamaría en la calle Pradilla (21), en el barrio de San José, de tal forma que se ponía punto y final al operativo desplegado desde las 21.00 horas, momento en el que el marido de la víctima había llamado al 091 para informar de la desaparición de su mujer. Porque no solo no estaba en casa, sino que tampoco contestaba al móvil.

Causa judicial

Ese procedimiento judicial no tuvo más recorrido como consecuencia del suicidio del asesino, por lo que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer archivó la causa. No había sucedido lo mismo casi 20 años atrás, cuando la Audiencia Provincial de Teruel le impuso 18 años de prisión por el asesinato de Patricia Maurel. Aquella funesta tarde del 22 de mayo de 2003, sobre las 20.30 horas, José Javier Salvador fue a buscar a su mujer a un bar, tocó el claxon desde fuera y Patricia se subió al coche diciendo que volvería «enseguida». Pero Patricia ya no volvió. Solo media hora después, José Javier le descerrajó once disparos con una carabina Pietta-01, dos de ellos en la cabeza. Y un poco antes, la misma víctima había llamado a su madre para decirle que había sido amenazada, lo que llevó a esta mujer a llamar a la Guardia Civil.

A las 00.30 horas accedió al hospital de Teruel, con la camisa ensangrentada, y explicó a los sanitarios que había matado a su mujer, lo que llevó a dar el aviso a la Policía. Le detuvieron, detalló el lugar exacto en el que yacía el cadáver y, antes de las 02.00 horas, la Guardia Civil pudo encontrar el cuerpo a unos 1.500 metros del núcleo urbano de La Puebla de Híjar. Casi dos años después, en el mes de abril de 2005, se celebró el juicio por este crimen, en el cual reconoció los hechos. «Estoy dispuesto a ser castigado por el resultado de mis acciones, pero no es cierto que yo hubiera planeado matarla. Hoy soy un asesino, pero antes fui un padre que quería a mis hijos y a mi familia», declaró en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Teruel.

Al final fue condenado a 18 años de cárcel, pero en 2016 se le concedió la libertad condicional entendiendo que había cumplido tres cuartas partes de la condena, además de otras circunstancias que apreció el juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Aragón. Según explicó este mismo juez, por participar en un programa específico de reinserción y por la posibilidad de estar controlado en el exterior, en concreto, por su hermana. En cualquier caso se constaba con informes desfavorables de Instituciones Penitenciarias y de la Fiscalía, aunque el ministerio público no recurrió el auto y quedó firme.

Pero José Javier volvió a matar. Y su nueva víctima fue su abogada, la misma mujer que se había empeñado en demostrar que su cliente, y también amante, ya se encontraba reinsertado. Además, hizo ver al juez que podía pagar 300 euros al mes para satisfacer la indemnización de 120.000 euros que todavía no había abonado.

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