El ladrón que mató a una jubilada de Cuarte de Huerva al robarle por tercera vez

24 años, casi un cuarto de siglo, se ha cumplido este mismo verano del asesinato de Elena Beltrán Aznar, una vecina de Cuarte de Huerva de 77 años a quien mató un ladrón, Roberto Guillén Fernández, cuando la septuagenaria le sorprendió robando en su vivienda de la calle Ramón y Cajal (2). Es un crimen por el que fue condenado a 20 años de cárcel, una pena que fue atenuada al valorar el jurado su confesión, ya que este hombre se entregó ante la Guardia Civil un mes y medio después de que tuvieran lugar los hechos el sábado día 6 de julio de 2002. Fue ese mismo día, hacia el final de la tarde, cuando su hermana y unas amigas descubrieron el cadáver una vez que la difunta se había ausentado de la misa de las ocho de la tarde.

Al abrir la puerta de la vivienda encontraron el cuerpo sin vida de Elena Beltrán Aznar, el cual presentaba un fuerte golpe en la cabeza, que le desfiguró parte de la cara, y un corte en el cuello. Fue con la pata de una mesa. Y el autor del crimen se había dado a la fuga. Pronto las pesquisas apuntaron que el móvil del asesinato sería un robo, pues a esta misma mujer ya le habían entrado a robar hasta en dos ocasiones durante los meses anteriores. Su verdugo, de hecho, ya lo había hecho en 1998 y en 2001. Y aquel 6 de julio de 2002 volvió a hacerlo para apoderarse de «algo de dinero».

La mujer fue sorprendida a la hora de comer –por la mañana había ido en bus a Zaragoza para ver a un familiar– en medio del pasillo, ya que los agentes que realizaron la inspección de la escena del crimen encontraron en el suelo un plato con pescado. En cualquier caso, su cadáver fue hallado en su dormitorio, donde intentó refugiarse de las embestidas de Roberto Guillén Fernández.

Su entierro, multitudinario ante 300 personas, se ofició el 16 de julio en la parroquia de Santa Cruz de este municipio zaragozano. Por entonces todavía no se había detenido al autor del crimen, aunque todas las sospechas ya se dirigían hacia él cuando el 26 de agosto decidió entregarse ante la Guardia Civil. Así lo explicaron los agentes que fueron citados a declarar en el juicio con jurado popular que se celebró en la Audiencia Provincial de Zaragoza durante los primeros días del mes de mayo de 2005. «No se procedió a detenerle porque no teníamos pruebas concluyentes, solo indicios, aunque podía haber sido arrestado en cualquier momento. Él nos allanó el camino», explicó el oficial que dirigió la investigación.

Por eso ingresó en prisión y, durante su estancia en el centro penitenciario, previa a la celebración de la vista oral, llegó a enviar una carta al Juzgado en la que ofreció una nueva versión de lo sucedido implicando a un familiar de la víctima mortal. «Pretendía que no había entrado solo en la casa y que estuvo acompañado por un sobrino de la víctima a quien atribuía la responsabilidad del crimen. El principal hándicap de esta versión estaba en el horario de los hechos, ya que dijo que habían ocurrido por la mañana, y el familiar de la fallecida estaba trabajando en esos momentos en El Burgo de Ebro», recordó este mismo oficial. Al tiempo se retractó de esta declaración y se excusó afirmando que estaba siendo presionado en la cárcel de Zuera.

Sobre su confesión, el mismo asesino aseguró que lo hizo porque estaba «hecho polvo» y no podía dormir. Al respecto, relató con detalle cómo acabó con la vida de Elena Beltrán: le golpeó en la cabeza con la pata de una mesa que cogió en el almacén del domicilio. «No es cierto que quedara inconsciente porque seguía gritando (...) Ella no me dijo nada, simplemente gritaba. No me aseguré de que estaba muerta antes de irme», relató.

Solo nueve meses antes había salido de la cárcel, donde a finales del año pasado todavía permanecía interno. De hecho, en el mes de noviembre de 2025, volvió a sentarse en el banquillo de los acusados, en esta ocasión por intentar introducir 300 gramos de hachís y otros 100 gramos de cocaína al regresar de un permiso carcelario. Roberto Guillén Fernández reconoció los hechos y aceptó una condena de tres años de cárcel por un delito de tráfico de drogas, que se suma a los 16 años por el asesinato y los otros 4 años por el robo que cumplía por la muerte de Elena.

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