Un abogado de Zaragoza, Miguel Ángel C., ha sido juzgado este viernes en la Audiencia de Zaragoza por el supuesto cobro indebido, mediante el envío de correos electrónicos, de varias provisiones de fondos a un mismo cliente. La presunta estafa asciende a 6.558 euros, según el fiscal y el acusador particular Alberto Perulán, que han pedido cinco años de cárcel, así como una responsabilidad civil por el importe presuntamente defraudado.

Los hechos se remontan a los años 2016 y 2017 y constituyen, según las acusaciones, un delito de estafa y otro de falsedad en documento oficial por el supuesto uso irregular de papel de los juzgados.

El letrado ha negado los hechos y ha asegurado que su ordenador y su correo electrónico fueron "jaqueados" por la misma persona que exigió en su nombre la entrega de provisiones de fondos en cinco ocasiones, en dos procedimientos relacionados con un delito de daños en una discoteca y un desahucio en la localidad turolense de Híjar.

Acusado: "Yo no envié los correos en los que se pedían fondos"

Su abogado defensor, Enrico Brusaterra, ha solicitado la absolución alegando que durante la instrucción "no se realizó un peritaje informático", lo que en su opinión supone una "vulneración de las garantías procesales". En este sentido, el letrado ha planteado una cuestión previa, al comienzo de la vista oral, para solicitar la realización de la citada prueba pericial.

"Yo no envié los correos en los que se pedía el pago de esas provisiones de fondos", ha asegurado Miguel Ángel C. "Alguien entraba en mi cuenta de correo electrónico y exigía esas sumas", ha insistido. "Denuncié el hecho ante la Policía, el grupo especializado en delitos telemáticos, y me recomendaron que utilizara una clave de acceso más complicada", ha asegurado el acusado.

"Nos enviaba documentos y nos pedía que le ingresáramos cantidades en concepto de provisión de fondos, y que lo hiciéramos rápidamente", señaló el denunciante. "Lo que disparó la alarma fue que, estando en el mes de agosto, con los juzgados cerrados, seguía exigiendo esos pagos", ha añadido. "Se creía que éramos el Banco de España y, en una ocasión, nos llegó un aviso de que un caso, sin haber hecho nada, estaba visto para sentencia". La misma persona ha señalado que la suma estafada asciende en realidad "a casi 10.000 euros".

Otro abogado que ha intervenido como testigo ha dicho que el imputado trabajaba en su despacho, "pero tenía su propio ordenador personal". Y un perito judicial ha manifestado, también como testigo, que el imputado usó su nombre de forma irregular en un documento relacionado con uno de los procedimientos, por lo que, al darse cuenta del posible engaño, lo puso en conocimiento del Colegio de Abogados de Zaragoza, que inhabilitó un tiempo al acusado.