Los denunciantes de supuestos abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones de la Iglesia católica en Aragón no confían en la justicia canónica como forma de llegar a una sentencia justa por las agresiones sufridas.
«Con la vía eclesiástica no sacas nada», explica Óscar Paz, un exreligioso pasionista que alega haber sido objeto de abusos de cariz sexual por parte de dos profesores cuando era menor de edad y estaba en el seminario de su congregación en Zuera, en los años 80 del pasado siglo.
Tras muchos esfuerzos, gestiones y trámites, asegura a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, «mi denuncia fue desestimada en Roma».
No solo eso, sino que el pleito se volvió contra él y acabó expulsado de la orden «por desobediencia» y ahora, dice, es sacerdote no adscrito a ninguna diócesis.
También probó la vía penal de la justicia civil pero llegó tarde, pues los hechos que imputaba a los enseñantes «habían prescrito».
Estos reveses procesales han hecho de Óscar Paz una persona que desconfía por sistema de cualquier fórmula que se ofrezca para canalizar su denuncia. «Nunca es tarde para que se haga justicia, pero creo que lo que está haciendo el Parlamento», donde se trabaja en la creación de una comisión de investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia, «está guiado por el oportunismo de los políticos y yo no creo en eso».
«Creo que la Iglesia ostenta todavía un poder exorbitante, por lo que tengo pocas esperanzas de que se llegue a hacer justicia al final»
«Creo que la Iglesia ostenta todavía un poder exorbitante, por lo que tengo pocas esperanzas de que se llegue a hacer justicia al final» con las víctimas de las supuestas agresiones a menores.
Para muchas personas, sin embargo, la justicia eclesiástica es un mundo misterioso. Así le ocurre, por ejemplo, a Miguel, un zaragozano de 59 años que denunció este miércoles haber sido objeto de abusos sexuales cuando estudiaba en el colegio de los Salesianos de Zaragoza a finales de los años 60 y principios de los 70 del pasado siglo.
«No se me ha ocurrido nunca recurrir a la justicia canónica», afirmó ayer. «De hecho desconocía que existiera», añadió. «No sé de qué va, pero pienso que protegerán sus intereses y nada más», subrayó.
"Las víctimas querían consuelo, no indemnización"
Los casos denunciados apelando al derecho canónico se solventan dentro de cada congregación y diócesis, que es un mundo atomizado. Pero la resolución adolece de falta de transparencia, en comparación con los parámetros de la justicia laica, en parte por el mucho tiempo transcurrido entre los hechos supuestamente delictivos y su investigación.
Pero no siempre es así. En 2019 los Escolapios de Alcañiz llevaron a cabo un proceso tras recibir denuncias de personas que decían haber sufrido abusos sexuales en forma de tocamientos por parte del padre Enrique (ya fallecido) en los años 80. Se llegó a la conclusión de que se habían producido esas agresiones sexuales y el caso se cerró, «pero no del todo», señaló ayer el padre Jesús Elizabi, superior provincial de Escolapios.
«La investigación llegó a su fin tras recibir testimonio de las víctimas y de testigos, a favor y en contra del acusado, pero en realidad la causa se puede decir que sigue abierta para quien desee realizar aportaciones de datos nuevos», informó el responsable escolapio.
«Fue un caso doloroso, que dividió a la ciudad, porque el padre Enrique era una figura muy conocida», afirmó Elizabi. «Las víctimas no querían indemnización alguna, sino simplemente relatar su experiencia, lo que les había ocurrido, y encontrar consuelo de esa manera», agregó el superior, que recordó que Escolapios tiene una dirección de correo electrónico para denunciar abusos.
Asociaciones de perjudicados piden que se esclarezcan las denuncias
Un grupo de personas, víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia católica ha hecho público ayer un manifiesto en el que piden al conjunto de las fuerzas políticas que se «pongan de acuerdo» para iniciar un proceso de escucha y de investigación que «esclarezca las responsabilidades que sean oportunas».
El documento, que firman como Víctimas por la Verdad y que cuenta con el apoyo, entre otros, del escritor Alejandro Palomas y de Manuel Barbero López, de la Asociación Manos Pequeñas, exige a todos los partidos políticos «un pronunciamiento en defensa de los derechos de la infancia y que apuesten por el despliegue de políticas públicas de prevención de la pederastia», para que no se repitan los hechos que han denunciado. A la vez, demandan a las fuerzas políticas que «no utilicen su cercanía o intereses con la Iglesia para evitar abordar la cuestión de la pederastia».
