Alberto P. G., el hombre de 37 años que en abril de 2020 tiroteó a su exjefe de mantenimiento del hospital Royo Villanova de Zaragoza, no es un enfermo mental.
Tiene un trastorno de la personalidad con ideación paranoide y megalomaníaca, según los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) que este jueves han intervenido en el juicio por asesinato en grado de tentativa celebrado en la Audiencia Provincial. Pero, pese a ello, cuando supuestamente disparó seis tiros a su víctima, que quedó gravemente herida, «era consciente de lo que hacía» y de la «trascendencia de sus actos», en opinión de los peritos.
«Es plenamente imputable», ha subrayado el doctor Azpeitia, que examinó al acusado dos meses después del suceso, ocurrido en el paseo de Longares de la capital aragonesa.
Una alta opinión de su valía profesional
El imputado, ha añadido, tiene una alta opinión de su valía profesional y se sintió «frustrado» cuando, en el otoño de 2019, fue despedido del servicio de mantenimiento del Royo Villanova, donde trabajaba como electricista. Ese episodio de su vida laboral se sumaba a otros trabajos en los que tampoco había le había ido bien. Por ello, abrumado por un historial que considera injusto, decidió acabar con la vida de uno de sus superiores, J. V. S., según la versión de las acusaciones.
La fiscala, que ha pedido 14 años de cárcel por asesinato en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, ha asegurado que el móvil de Alberto P. G. fue el «deseo de venganza» por la acumulación de frustraciones que suscitó en él la pérdida del último trabajo.
El acusado, que ayer fue expulsado de la sala por llevar la contraria al ministerio público durante la exposición de sus conclusiones, no acepta su culpa. Desde el comienzo del juicio ha mantenido que él no era el hombre que, a las 7.10 horas del 6 de abril de hace dos años, disparó a J. V. S. cuando salía en coche camino de su trabajo.
La clase de persona que es
De hecho, su abogado, Alejandro Sarasa, ha solicitado que sea absuelto, si bien, subsidiariamente, ha pedido cinco años de cárcel por una tentativa de homicidio con la atenuante analógica de enajenación mental y la agravante de abuso de superioridad.
El día de los hechos, según la Policía, llevaba una pistola o revólver para balas de calibre 7.65 mm. Y, al disparar, le quedaron residuos del fulminante en uno de los guantes que se había puesto, partículas que él atribuye a que hace tiro olímpico.
La fiscala ha subrayado que, cuando fue detenido, transportaba en su coche sustancias químicas que, debidamente combinadas, sirven para fabricar una bomba casera, «lo que da una idea de la clase de persona que es».
Agravante de uso de disfraz
La acusadora particular. Carmen Cifuentes, ha pedido 16 años de cárcel y 95.000 euros en concepto de responsabilidad civil, mientras que el letrado de la comunidad autónoma, José Luis Gay, ha reclamado14 años y 11 meses de cárcel, con la agravante de uso de disfraz, así como que se indemnice a la Administración por los gastos médicos (12.000 euros) y por el salario percibido por la persona que sustituyó a la victima mientras esta se hallaba convaleciente (60.000 euros), un total de 518 días, al margen de los diez de hospitalización.
Gay ha explicado que el acusado se cubrió el rostro con una braga militar y una gorra para ocultar sus facciones y hacer más difícil su identificación. Una tarea a la que no han ayudado apenas las grabaciones de las cámaras de seguridad del bloque de viviendas en cuyos bajos ocurrió el crimen. En unas no se aprecian detalles concretos de la fisonomía de los protagonistas y, en otro caso, la cinta ni siquiera ha aparecido.
