La Audiencia de Zaragoza ha condenado a 13 años y 9 meses de cárcel a Alberto Pérez Giménez, un electricista del hospital Royo Villanova de la capital aragonesa que, tras ser despedido de su trabajo en el servicio de mantenimiento, intentó asesinar a su jefe el 6 de abril de 2020 disparándole repetidas veces con un arma corta. El móvil del crimen, fija la sentencia, fue la venganza.
Los tiros, al menos cinco, alcanzaron a la víctima en el abdomen, en el pie izquierdo y en la espalda y habrían causado su muerte de no haber sido trasladado a un centro sanitario e intervenido de urgencia.
Los hechos constituyen, según la sentencia, los delitos de asesinato en grado de tentativa (con alevosía) y tenencia ilícita de armas. Además, la resolución, dictada por la Sección número 6 de la Audiencia de Zaragoza, impone al acusado, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de más de 170.000 euros por las lesiones, las secuelas, el gasto sanitario y el coste de económico de la contratación de un ingeniero que sustituyó temporalmente al herido.
En represalia por el despido
La sentencia considera probado que, tras ser despedido de su puesto de trabajo en noviembre de 2019 por falta de idoneidad, protagonizó varios incidentes de violencia hacia sus superiores. “A partir de esos hechos Alberto Pérez Giménez fue ideando un plan que tenía por objeto acabar con la vida” de su jefe, J. V. S., “como represalia por el despido”.
Así fue cómo, en pleno estado de alarma por el covid-19 y tras procurarse un arma de fuego, sobre las siete de la mañana del 6 de abril se presentó ante la salida del garaje comunitario donde su víctima aparcaba el coche, entre la calle Mainar y el paseo de Longares. Allí colocó al final de la rampa, tirada en el suelo, una bicicleta de alquiler con el fin de obstaculizar la salida del coche.
Minutos después, cuando su jefe, representado por la abogada Carmen Cifuentes, abandonaba el aparcamiento en su vehículo para ir al trabajo, J. V. S. se vio obligado a apearse de su automóvil para apartar la bicicleta. Esa circunstancia fue aprovechada por el acusado para acercarse a él por la espalda, cubierta la cara con una braga tubular, y efectuar de forma “sorpresiva” y sin que su víctima “tuviera oportunidad alguna de defenderse” varios disparos. La víctima, herida, cayó al suelo Alberto Pérez siguió disparándole.
Material para fabricar explosivos
Días después, el 15 de abril, agentes de policía detuvieron al sospechoso cuando se encontraba circulando en un vehículo Peugeot Partner, llevando unas placas de matrícula falsas que había conseguido en un desguace en noviembre de 2019.
En el registro de la casa del detenido fueron halladas la braga tubular, el resto de la ropa usada en la agresión y la pistola que había disparado, que se hallaba oculta en el conducto del aire acondicionado. Asimismo se ocuparon diversas sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas para la fabricación de explosivos.
El acusado fue examinado por médicos forenses que concluyeron que no tenía alteradas ni su capacidad volitiva ni su capacidad cognitiva, si bien padece una depresión y un trastorno de la personalidad paranoide, con dos intentos de suicidio en febrero de 2020.
Cuando se le comunicó el despido, Alberto Pérez protagonizó actos violentos dirigidos a su jefa directa, a la que, en una de las ocasiones en la que le recriminó su cese, le mostró en el móvil un vídeo en que se ve una mano que esgrime una pistola y dispara a una sandía que se se rompe en pedazos.
El acusado alegó que era inocente
El acusado, defendido por el letrado Alejandro Sarasa, mantuvo su inocencia durante la vista oral. Pero el tribunal argumenta que, de la prueba practicada, se deduce que Alberto Pérez Giménez fue el autor de la tentativa de asesinato. Como pruebas de esta conclusión cita la declaración de la propia víctima (que reconoció a su agresor en el juicio), de otros superiores jerárquicos y de testigos del hecho.
Un indicio "muy relevante", continúa el fallo, fue que la víctima, en una declaración, reconoció un gorro de lana negra, una braga tubular verde, unos guantes negros y una cazadora vaquera como las prendas que llevaba el autor de los disparos el día del tiroteo. Otro lo constituye la caja negra de plástico hallada en el conducto del aire acondicionado de la vivienda del imputado y que era una especie de funda maletín de armas cortas.
La víctima declaró además que tres días antes de ser tiroteada vio merodeando por su calle, también sobre las siete de la mañana, al autor de los hechos, y que llevaba la misma ropa oscura que se puso para perpetrar el crimen. "Se me quedó mirando y nos vimos" declaró J. V. S., que creyó que el individuo era un ladrón que quería colarse en el garaje, por lo que espero a que se cerrara el portón antes de marcharse.
Asimismo, en el registro del domicilio del acusado la Policía halló una anotación manuscrita en la que figuraba la dirección exacta del domicilio de la víctima, "un indicio incriminatorio relevante que apunta a la intención del acusado de saber el domicilio particular" de su jefe, "paso necesario para la puesta en práctica de su criminal intención de acabar con su vida".
Residuos de disparo en la ropa
Por otro lado, la sala se refiere a la importancia de los residuos de disparo en diversas prendas del acusado, "compatibles con que el individuo haya disparado un arma de fuego o haya estado muy próximo al arma en el momento del disparo".
Otro conjunto de indicios "muy relevantes" son los datos contenidos en los diferentes dispositivos telefónicos e informáticos de almacenamiento intervenidos, así como del navegador GPS Tom Tom. En el ordenador personal del acusado se comprobó que este había hecho búsquedas en internet sobre el suceso del paseo de Longares, sobre la vida en la prisión y sobre la fabricación de artilugios explosivos.
