La Audiencia de Zaragoza ha absuelto a Sonia L. L., exsecretaria e interventora de Biel y El Frago, y a su esposo, Agustín S. P., de los delitos de revelación de secretos por funcionario público y uso de información privilegiada.

Ambos fueron acusados introducirse por vía informática en los expedientes municipales, una vez cesada ella en su cargo, con el fin de obtener información del exalcalde, un concejal y un técnico del consistorio de El Frago y utilizarla posteriormente para distintos fines, entre ellos la interposición de una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión. Por este motivo se les llegaron a pedir dos y cuatro años de cárcel, respectivamente.

La sentencia se produce tras declarar nula el Tribunal Superior de Justicia de Aragón una resolución anterior, lo que supuso devolver el caso al mismo tribunal para que se pronunciara de nuevo.

Ahora, la Sección Tercera subraya que “no se ha acreditado” que la coacusada “diera información a su marido para que interpusiera una denuncia” contra los demandantes por apropiación indebida, intrusismo, prevaricación, falsedad en documento público y malversación.

Acusaciones no acreditadas

Asimismo, tampoco se ha probado, dice la sentencia, que Sonia Lobera facilitara información o documentación a su esposo para presentar denuncias en la Inspección de Trabajo, el portal de transparencia o el Juzgado de lo Contencioso número 4. Además, no se ha verificado tampoco que Agustín Santafé tuviera acceso directo a los expedientes administrativos tramitados por el Ayuntamiento de El Frago a través de la plataforma Gestiona.  

En sus fundamentos de derecho, la sala argumenta que, si bien la acusada accedió a numerosos expedientes municipales incluso tiempo después de su cese el 1 de abril de 2018, "no es menos cierto que las consultas realizadas entraban dentro de sus funciones de secretaria interventora".

Asimismo arguye que no aparece ninguna entrada de su marido, al tiempo que recoge que las empleadas de la plataforma Gestiona que participaron en la vista oral indicaron que no sabían nada de esos accesos, "aclarando que se podía cortar y pegar en su obtención por el ayuntamiento".

En el juicio, Sonia L., que asumió su propia defensa al ser letrada, negó las imputaciones y subrayó que se había ceñido en todo momento a la legalidad. Desmintió con rotundidad que hubiera facilitado a su marido claves secretas de los programas informáticos del consistorio.

Agustín S., por su parte, subrayó que en las alegaciones que presentó respecto a acuerdos municipales no se basó en datos obtenidos de forma irregular, sino en documentos públicos, como el Boletín de la Provincia de Zaragoza y el tablón de anuncios, y en conversaciones con los vecinos.

Velar por el estricto cumplimiento de los protocolos

Negó también haber amenazado a concejales y miembros del personal de El Frago. Además, explicó que solo empleó plataformas públicas para sus averiguaciones sobre la marcha de los asuntos municipales.

Sí reconoció tener conocimientos de cuestiones económicas y preocuparse por el cumplimiento estricto de los protocolos de la función pública. Y afirmó asimismo que en una ocasión denunció que su mujer no había publicado determinados acuerdos del consistorio.

«No pondré ninguna demanda cuando lo hagan todo bien», enfatizo el acusado, que al inicio del juicio renunció a su abogada, una decisión que no impidió la celebración de la vista oral pues el tribunal consideró que podía ser una maniobra dilatoria y un presunto caso de fraude procesal.