Un exconcejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Moncayo, el constructor Ángel L. V., ha sido juzgado este martes en la Audiencia de Zaragoza acusado de estafar al comprador de una segunda residencia que se levantó sin licencia de obras, sin proyecto y en terreno rústico.
Las acusaciones pidieron un máximo de seis años de cárcel, pero su abogado defensor, Juan Carlos Macarrón, solicitó su libre absolución. Alegó que no medió engaño y que el comprador utiliza la casa, valorada en unos 120.000 euros, como segunda residencia..
El acusado alegó que en 2012 compró unos terrenos de 5.400 metros cuadrados en los que “sí se podía construir” debido a que se estaba tramitando una modificación del plan urbanístico del municipio, situado en la comarca de Tarazona, que hubiera cambiado su calificación.
El quid: comprar una parcela adyacente
La operación habría sido legal desde el principio si el terreno hubiera medido 10.000 metros cuadrados. Y, de hecho, el imputado aseguró que propuso a su cliente la adquisición de una parcela colindante, “pero no quiso”. Esa negativa, insistió L. V., impidió legalizar la construcción en el ayuntamiento.
El denunciante, un hombre nacido en Tarazona que marchó a Barcelona a trabajar y volvió a su tierra al jubilarse, declaró que se enteró a través del ayuntamiento de que “la casa no era legal”. “Ahí empezó mi pesadilla, pues a día de hoy todavía no he conseguido nada”, subrayó.
Asimismo explicó que la casa todavía no ha podido ser escriturada, si bien cuenta con luz y con agua y vertidos. Además concretó que abona el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Manifestó por otro lado que “quedaron de acuerdo” en comprar la parcela colindante “para alcanzar los 10.000 metros cuadrados”.
"Quedaría satisfecho si se legalizara la casa"
El comprador declaró que solicitó un informe al consistorio y que gracias a este trámite se enteró de que el terreno de la parcela debía abarcar “una hectárea”. “Hice averiguaciones para comprar la parcela colindante y el acusado se implicó también”, añadió, “pues era la única forma de legalizarla”. “Yo quedaría satisfecho si se legalizara la casa”, subrayó el propietario, dando a entender que su intención no era llevar al exconcejal ante la justicia.
Su exmujer declaró por videoconferencia que el acusado no les advirtió que no se podía construir en las parcelas adquiridas.
“No me consta que solicitaran una licencia para esta parcela”, señaló una exsecretaria municipal, que recalcó que “el requisito principal para construir era que midiera 10.000 metros cuadrados”.
En la vista oral intervino asimismo Alberto Val, alcalde de Santa Cruz de Moncayo y alcalde de la comarca Tarazona-Moncayo. Explicó que es amigo del acusado y que desconoce los detalles de la operación urbanística objeto de la vista oral.
