«Llevamos más de ocho años asesorando y gestionando las compras de diferentes empresas de occidente con el gigante asiático y entre las mercancías que trabajamos se encuentran este tipo de productos. Contamos con estructura propia en China, tres oficinas ubicadas en Ningbo, Shenzhen y Hong Kong, un equipo humano de 17 profesionales, y estructura fiscal tanto en la República Popular China como en Hong Kong». Esta fue la carta de presentación con la que un zaragozano consiguió gestionar la compra inicial de 200 respiradores por valor de más de 3 millones de dólares procedentes del programa filantrópico Aragón en Marcha con el que el Gobierno autonómico y la CEOE trataron de reunir fondos para luchar contra el covid cuando estaba descontrolado. El encargo no llegó ni a puerto, por el camino se perdió 1 millón de euros y el empresario que se hizo con la operación ocupó ayer el banquillo de la Audiencia de Zaragoza acusado de estafa. ¿Quiso engañar a la patronal aragonesa dándose más importancia de la que tenía? La respuesta solo la conoce el tribunal que tiene que dictar sentencia.
Bajo el paraguas de que usó «un lenguaje comercial» Fernando C. O. aseguró que el es un mero «intermediario» desde 2013 a través de la empresa Mingta Global Asian Commerce SL, domiciliada en la capital aragonesa, y que con la sociedad con la que comparte nombre, Schenzhen Mingta Imp. & Exp. Co., Ltd., había una relación de «colaboración», pero que «en ningún momento afirmó que se tratara de un grupo societario».
Una forma de expresarse «coloquial y no jurídica» que empleó el encausado cuando el entonces presidente de la CEOE Aragón, Ricardo Mur, le cuestionó si el abono del dinero se había hecho a su empresa en China o al fabricante a efectos de seguridad jurídica, contestando Fernando C. O.: «una empresa de nuestro grupo, está todo garantizado, tranquilo».
La realidad fue que el dinero acabó en manos de Schezhen City Fuiriji International Trading, Co. Ltd. que a su vez lo contrató al fabricante Beijing Aerospace Chanfeng. El encausado explicó que ofertó unos respiradores de una compañía estatal del Gobierno de la República Popular China, pero que la oferta no pudo mantenerla por la decisión del Ejecutivo asiático de reservárselos. Ante ello, Schenchen City Furuji ofertó otros respiradores del fabricante Aokai que la Fundación CREA aceptó, aunque comprobaciones posteriores por parte de Sanidad abortaron la recepción.
«Hizo un artificio de solvencia que combinó con la urgencia y presión para captarnos», Ricardo Mur, expresidente de la CEOE Aragón
Un plan B que, según insistió el encausado, no se hubiera puesto sobre la mesa si hubiera tenido intención de estafar. En este sentido, también aseveró en varias ocasiones que Schenchen City Furuji «es una empresa con un capital social de 6,4 millones, por lo que no va a cometer una estafa porque todos sabemos que se responde con ese dinero».
En su descargo también expuso ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza que con los más de 3 millones de dólares realizó otras compras como seis respiradores, 100.000 mascarillas KN95, 200.000 guantes de vinilo, 999.000 guantes de nitrilo. Todo por valor de 402.300 dólares.
Pero la palabra que sobrevoló durante todas las preguntas, especialmente en las realizadas por su abogado defensor Wenceslao Gracia y el de su empresa, Estanislao Gracia, fue la de «intermediario» y «agente comercial». No fue baladí, puesto que una ley de 1992 señala que un intermediario independiente no asume, salvo pacto contrario, «el riesgo y ventura de las operaciones» y, por ende, Fernando C. O. no tendría responsabilidad ni civil ni penal sobre los 3,8 millones de dólares que recibió Schenchen City Furuji durante la operación.
«Soy un mero un intermediario, en ningún momento afirmé que fuéramos un grupo» Fernando C. O., empresario y acusado
Versión diametralmente opuesta dio Ricardo Mur, que fue el que llevó la causa a la Fiscalía para que investigara las irregularidades que él sospecha. El que fuera presidente de la patronal aragonesa aseguró que Fernando C. O. les engañó porque combinó «un artificio de solvencia» con «la urgencia y presión que metía para captarnos como clientes».
«Recibimos centenares de correos de empresarios que se ofrecían en aquel momento para traer material sanitario en lo peor de la pandemia y decidimos hacer un cribado en el que era fundamental tener sede en Aragón e infraestructura en China y Mingta cumplía los requisitos», aseveró Mur, quien aseguró sentirse estafado hasta en la cuestión de la comisión de unos 100.000 euros que cobró el procesado porque «en un principio dijo que no iba a cobrar».
Explicó que a través de un empresario chino tuvieron acceso a la factura de la comisión percibida y que estaba fijada en un 10% que, «casualmente» corresponde con el millón de euros que no se han devuelto y no de las compras que sí realizó. Del mismo modo declaró quien fuera vicepresidente de la CEOE de Aragón, Víctor Sanz. Sobre la balanza judicial está la absolución o una condena de entre los 4 y los 9 años de prisión que solicitan las partes.
‘Aragón en marcha’ gestionó 6,4 millones
El Gobierno de Aragón y la CEOE en la comunidad lanzaron el 21 de marzo de 2020 el programa ‘Aragón en marcha’ para canalizar y coordinar la actividad de todas las empresas que podían producir o gestionar material sanitario ante el déficit existente en los inicios de la pandemia del covid-19. Hasta 6,4 millones de euros donados por el tejido económico de la comunidad gestionaron procedentes de 200 empresas grandes y pequeñas.
Con parte de este dinero pretendían comprar los 200 respiradores, pero la lista de adquisiciones fue más allá, destacando 4.749.000 guantes de nitrilo; 3.200.000 mascarillas quirúrgicas; 1.100.000 mascarillas KN95/FFP2; 10.000 test rápidos; 5.000 test PCR y 1 extractor de ADN para incrementar la capacidad de test PCR; 10.000 litros semanales de hidrogel; 5.000 batas quirúrgicas y 70.000 pantallas protectoras básicas.
